A la Junta de Castilla y León le ha costado tres veces más de lo que dice su oposición al traslado de los documentos de la Guerra Civil del Archivo de Salamanca hasta Cataluña. En concreto, 149.000 euros (casi 25 millones de pesetas).
A preguntas de la oposición en el Parlamento castellano-leonés el pasado 24 de enero, el Gobierno regional precisó que los emonumentos pagados al bufete madrileño de Tomás y Ramón Fernández por su asesoramiento jurídico en el recurso ante el Tribunal Constitucional en contra del traslado de los papeles del Archivo de la Guerra Civil eran de 52.000 euros, algo más de 8 millones de pesetas.
Sin embargo, según ha sabido la Cadena SER, el contrato con el abogado madrileño sigue todavía en vigor, tiene una duración de otros dos años –hasta 2007- y que la suma de los honorarios pactados en contrato asciende a 149.000 euros, casi 25 millones de pesetas.
Aun que el Gobierno regional podía haber tramitado este recurso por medio de sus propios servicios jurídicos, prefirió hacerlo de manera excepcional a través de un letrado privado.
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