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El conocido 'caso Severo Ochoa', en el que se denunció a los médicos del hospital de Leganés por sedaciones irregulares, ha quedado sobreseído. El Juzgado de Instrucción número 7 de esta localidad madrileña no ha encontrado ninguna relación entre la 'mala praxis' que se dio en algunos casos en el centro hospitalario y las muertes que se produjeron en su servicio de Urgencias.
En concreto, el tribunal señala, en un auto hecho público hoy, que cierra el caso "al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", es decir, la muerte de varios pacientes terminales. "Por más que pudiéramos profundizar y proseguir, no se llegaría en ningún caso a encontrar elementos bastantes para, por dolo eventual o por culpa, responsabilizar criminalmente a los imputados por las muertes de sus pacientes tras las sedaciones".
El asunto saltó a los medios el 11 de marzo de 2005 tras hacer pública la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dirigida por el 'popular' Manuel Lamela', la denuncia anónima que realizó la familia de un fallecido. En esta denuncia se incluían datos de varias historias clínicas que denunciaban hasta 400 sedaciones excesivas con resultado de muerte.
La 'mala praxis' a la que hace mención la sentencia se refiere a cuatro pacientes, en cuyas historias clínicas "no quedó documentada suficientemente" la existencia de una enfermedad terminal. Otros veinte pacientes fueron sedados "innecesariamente", aunque estaban en coma profundo; y en diez más, la sedacción se aplicó "sin identificar el síntoma y/o no se emprendieron tratamientos específicos de control antes de iniciarla".
El consejero Lamela destituyó a la cúpula del hospital
En ese momento, el consejero de Esperanza Aguirre -que ha cambiado de cartera en la recién estrenada legislatura- decidió apartar de su cargo al jefe de Urgencias, el anestasista Luis Montes, así como al director médico y al gerente del hospital. En declaraciones a la Cadena SER el 4 de abril de 2005, Lamela afirmó que "las irregularidades cometidas están asociadas al resultado de muerte", afirmación que el auto desmiente.
La Fiscalía de Madrid, que también recibió la denuncia anónima, inició una investigación y siempre ha mantenido que no existió delito en este centro hospitalario de Leganés, de 187.000 habitantes.
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