Carlos Fabra tiene multitud de ingresos en sus cuentas que no puede justificar, empresas que pagan al político por misteriosos informes y una sorprendente habilidad para hacer frente a hipotecas que le vienen muy grandes al sueldo que, teóricamente, recibe el presidente de la diputación y líder del PP en Castellón.
El levantamiento del secreto de sumario sobre los datos de Hacienda que hasta ahora manejaba el juez ha confirmado las informaciones que durante años han ido goteando en los medios de comunicación desde que el 18 de diciembre de 2003 un empresario de Castellón, y viejo socio de la familia, denunció en la cadena SER que Fabra le estaba cobrando dinero a cambio de su influencia política y de gestiones en diversos ministerios de Madrid. Eran otros tiempos, y en la Moncloa estaba su amigo Aznar.
Fabra debe mucho dinero a los bancos, porque sus hipotecas desde que está en política han crecido de forma paralela a su fortuna. Y tiene colaboradores muy cercanos que en lo económico han seguido la misma línea ascendente que su patrón.
Varios delitos
Cuatro años, siete jueces y cuatro fiscales después la investigación del caso Fabra parece acercarse a su final. Los jueces tendrán que decidir si ha cometido fraude fiscal, falsedad en documentos y delitos contra la administración pública; y ahí entrarían, entre otros delitos, "cohecho" o soborno. Y para llegar al cohecho, la prevaricación, es decir tomar decisiones injustas a sabiendas.
Y en el caso de Fabra decisiones injustas orientadas presuntamente a satisfacer sus intereses particulares y no precisamente las necesidades de los ciudadanos. Por todos estos delitos está imputado el que todavía hoy es uno de los grandes líderes del PP en la comunidad valenciana.
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