El exdirector general de Trabajo, Daniel Rivera, ha reconocido ante la jueza Mercedes Alaya, durante el interrogatorio que ha comenzado esta mañana, que por su actuación en el caso de los ERE "yo puedo tener responsabilidad política pero no penal". Así se lo ha dicho a la jueza que investiga el asunto después de responderle que nadie en la Junta, ni la Intervención ni la Secretaría General Técnica ni el Gabinete Jurídico le advirtió que el procedimiento que usaban para pagar las ayudas era ilegal. Tampoco nadie, ha reconocido este licenciado en derecho, le manifestó que la fórmula era legal. Y tenía sobre la mesa un informe del bufete Garrigues que concluía que estaba obligado a fiscalizar los gastos y a controlar las ayudas otorgadas.
Daniel Rivera, según los abogados presentes, está nervioso aunque disfraza los nervios con una actitud soberbia y altiva al dirigirse a la magistrada. "Usted no me permite que conteste lo que a mi derecho convenga" o "usted es la dueña de la pregunta y yo soy el dueño de mi respuesta" ha replicado Rivera ante distintas preguntas y repreguntas de la jueza.
El exalto cargo ha contado que cuando asumió su puesto el consejero, Manuel Recio, le informó de que sólo podía conceder las ayudas que le ordenara el viceconsejero. Y ha dicho que tomó conciencia de que se estaban pagando prejubilaciones sin que existiera convenio para ello cuando llevaba mes y medio en el cargo, pero siguió pagándolas porque no podía dejar a la gente sin el dinero. Sin embargo sólo supo de la existencia de intrusos en los expedientes de regulación de empleo, ha señalado, en noviembre de 2010, en el momento que lo contaron los medios de comunicación.
Daniel Rivera, según la lectura de la imputado que ha hecho Alaya, concedió casi 43 millones de euros en ayudas públicas a empresas y particulares obviando la legislación andaluza y europea. Utilizó, entiende la instructora, la fórmula de la transferencia de financiación y de la encomienda de gestión a pesar de conocer que eran mecanismos ilegales.
Además, Rivera, según Alaya, hizo desaparecer documentos de algunos expedientes, como el de Mercasevilla y no ha aportado algunos de los documentos solicitados por el juzgado. O bien, afirma la magistrada, el juzgado ha tenido que solicitarle en tres ocasiones el de Hijos de Andrés Molina.
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Deje que eso lo decida la Justicia. Tiene usted todo el derecho a defenderse, pero hágalo, por favor, en la sala y con sus abogados. La ciudadanía no está para milongas, seguro que lo comprende.
que no le eche morro, ha estado manejando discrecionalmente grandes cantidades de dinero a sabiendas de que lo hacía mal. Ese dinero debería haber ido a quien realmente lo necesitaba. Esta gentuza tiene que ir a la carcel ya.
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