Javier Guerrero, el director general de trabajo de la Junta entre 1999 y 2008, ha nombrado expresamente al expresidente Manuel Chaves. A preguntas de la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, sobre si se había sentido presionado alguna vez ha dicho que en una ocasión recibió un documento del gabinete de presidencia de Manuel Chaves en el que se le indicaba que "lo de Bilore había que solucionarlo sí o sí porque iba Chaves a un acto político al día siguiente". Guerrero ha venido a declarar apuntando hacia arriba.
"Es un dato objetivo que el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno conocían el sistema de concesión de las ayudas a empresas en crisis", ha manifestado esta mañana. Un sistema que no cumplía con la legalidad, según ha reiterado la magistrada en distintos autos. Y que, según Guerrero, se adoptó para "mantener la paz social.
Guerrero ha dicho también que informaba de todas las ayudas que concedía en el Consejo de Dirección, incluso del nombre de las personas a las que iban dirigidas. Y en el Consejo se sentaban el consejero, el viceconsejero de empleo y los delegados provinciales. Y "jamás me pusieron reparos", ha añadido. Uno de esos consejeros fue el diputado socialista José Antonio Viera que todavía no está imputado.
El ex alto cargo ha declarado que también se sintió presionado por el exviceconsejero ya imputado, Agustín Barberá, cuando le dijo que tenía que solucionar "lo de la industria auxialiar de Cádiz sí o sí". Y eso le llevó a incrementar su presupuesto en 26 millones de euros. Un dinero del que Guerrero, afirma, no tenía.
Javier Guerrero ha indicado que la partida con la que la Junta pagaba a las empresas en crisis, la 31L, estaba "blindada" y era aprobada "por la Intervención, el consejero o la consejera de Hacienda y el Gobierno andaluz"
Javier Guerrero ha sido imputado esta mañana de los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, y falsedad en documento oficial y público. Su comparecencia ante la jueza se ha iniciado a las 11:30. Durante una hora Alaya le ha resumido su investigación. Le ha dicho que concedió ayudas millonarias sin control a Ayuntamientos gobernados por el PSOE, a militantes socialistas y a simpatizantes del partido. Le ha explicado que él conocía que las aseguradoras incluían a intrusos en los expedientes de regulación de empleo. Y ha terminado indicándole que gastó dinero público en cocaína y alcohol.
La declaración de Javier Guerrero está previsto que termine mañana. La jueza tendrá que decidir después qué medidas cautelares le impone.
