Miércoles, 30/5/2012 13:17
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado la apertura de juicio oral por el ''caso Sintel'' contra ocho antiguos directivos de la empresa por presuntos delitos societarios, de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública, y les impone además una fianza de 300 millones de euros, según el auto dictado el pasado 30 de junio.
"La conducta de los acusados causó notables perjuicios a los acreedores de Sintel entre los que estaban los proveedores y, muy especialmente, los trabajadores, siendo tales perjuicios de carácter económico, moral y psíquico", según concluye el auto, que les obliga a depositar la fianza en un plazo de 24 horas y contra el que cabe recurso de reposición.
La Fiscalía Anticorrupción pide para seis de los ocho acusados penas de cinco años y seis meses de prisión como responsables del vaciamiento y posterior quiebra en 2001 de Sintel, que dejó a 1.828 trabajadores sin empleo, adeudando salarios por un total de 29,9 millones de euros, y un déficit patrimonial de 59,3 millones de euros.
Los acusados
Los acusados son los hijos del empresario cubano exiliado en Estados Unidos Jorge Mas Canosa ya fallecido, Jorge y Juan Carlos Mas Santos, el ex presidente y ex consejero delegado de la sociedad creada para gestionar la compra de Sintel, Mastec Internacional.
También están acusados, el ex vicepresidente de Sintel José Miguel Sariego y los miembros del consejo de administración Juan Antonio Casanova de San Simón, Joel Tomas Citron, Ricardo Campos Dufau, Alfredo Flórez Plaza y el ex director financiero y apoderado de Sintel, Pedro José Novela Berlín. Para estos dos últimos, el juez pide dos años y medio de prisión por cooperadores necesarios de la insolvencia punible.
El juez ha declarado a todos los procesados responsables civiles de la quiebra junto con las empresas MasTec Inc, Sintel International Corp y Artcom Technologies -esta última beneficiaria de parte del dinero de Sintel- declaradas responsables civiles subsidiarias.
Además de la acusación de Anticorrupción, están presentes en la causa dos acusaciones particulares en representación de los trabajadores de Sintel, la acusación de los órganos de la quiebra de Sintel y la acción civil contra los responsables penales de Telefónica, propietaria de Sintel, antes de su traspaso a Mastec Internacional.
Restirución de los saliarios impagados
Anticorrupción pide al tribunal que se les condene a todos ellos a restituir un total de 37,3 millones de euros a la masa de la quiebra, más 16,05 millones de euros por los salarios de los trabajadores y 37,6 millones de euros por indemnizaciones de extinción de contratos impagados. De éstas dos últimas cifras el Fogasa ya anticipó 19,6 millones de euros.
A su vez, el fiscal pide que se añadan los pagos incumplidos establecidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2001 para la totalidad de la plantilla de Sintel, las medidas sociales acordadas que nunca se llevaron a cabo, excepto el plan de prejubilación que sí se cumplió, y una indemnización de 12.000 euros por daños morales para cada trabajador afectado.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será la encargada de juzgar la causa y señalar los días de celebración de la vista oral, que lleva ocho años pendiente en la Audiencia Nacional.
Antecedentes
El 30 de abril de 1996 Telefónica alcanzó un acuerdo con Mastec, propiedad de Mas Canosa, para venderle su filial Sintel a través de la filial MasTec International, creada únicamente para gestionar la compra.
A partir de ahí, los responsables realizaron ''operaciones de descapitalización progresiva'' con simulaciones de ventas de Sintel a varias sociedades ''desgajadas de la matriz'' y domiciliadas en paraísos fiscales ''sin que conste que Sintel haya cobrado cantidad alguna''.
En mayo de 2001, un tribunal declaró la quiebra de Sintel dejando a 1.788 acreedores y 1.828 trabajadores afectados distribuidos por todo el territorio nacional, cuya situación les llevó a acampar durante seis meses en el madrileño Paseo de la Castellana, en lo que se llamó.
a mi me arruinaron la vida, tenia una niña de dos meses y dos de doce y trece años,eramos una familia normal euilibrada de la noche a la mañana, perdimos la seguridad y el equilibrio, mis hijas se fueron de casa avivir con mi hermana mi marido se pasaba la vida en la calle intentando resolver el problema, y yo cai en depresion y perdi mi trabajo.
Cuanto poder tienen los dirigentes de telefonica para que ningun gobierno ni juez pueda sentarles en en baquillo. Porque ellos fueron complices del saqueo de SINTEL
Era hora que estos elementos tengan que declarar ante la justicia y resarcir economicamente a los trabajadores de sintel y a las viudas de los que se suicidaron. Despues de trabajar 27años para Sintel en varios paises me quede con lo puesto. Gracias a la SER por el programa desde el campamento aunque el periodista CARLOS LLAMAS no pueda recibirlas
La verdad, es que tal canallada, es dificil de entender. Los autores intelectuales de ésta fechoría fueron a cebarse con unos trabajadores implicadisimos en la transformación de este pais (en el mundo de las telecos) como pocos lo han hecho a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado (grosso modo) y dejaron a tantas familias como despedidos fueron los afectados, con una ruina, no sólo económica que tambien, sino que además de tipo vivencial, estructural, (o desestructural según se mire) y vital cierta. Existen casos visibles, tangibles, demostrables y múltiples conocidisimos dentro del entorno natural de estos trabajadores ejemplares. Respeto y admiración para ellos. Justicia con ellos. Es lo mas justo.
¿pero de verdad se hará justicia o es como lo Fabra y Camps?...