El Senado de EE.UU. aprobó este jueves un plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, que contiene un gran paquete de medidas dirigidas a ablandar a sus detractores en la Cámara de Representantes.
ENCUESTA - 2008-10-02 - (2522 votos)
Con 74 votos a favor y 25 en contra, los senadores, entre ellos los candidatos presidenciales Barack Obama y John McCain, aprobaron el plan, cuando faltan 34 días para los comicios generales y la economía figura como tema dominante.
Se prevé que el proyecto de ley, con todas las modificaciones al texto original rechazado el lunes en la Cámara de Representantes, sea votado en esa cámara el proximo tres de octubre, viernes, por la tarde .
Entre los senadores que dieron el "sí" al proyecto -que supone la mayor intervención estatal en la empresa privada en varias décadas-, figuraron Obama, su compañero de fórmula, Joe Biden, y Hillary Clinton. El senador Edward Kennedy, enfermo de cáncer cerebral, no estuvo presente.
Durante el debate, que comenzó alrededor de las 19.30 GMT, los senadores pintaron un panorama sombrío si se rechazaba el plan, en momentos en que tanto los negocios como los consumidores afrontan restricciones de crédito.
"Estamos en una situación muy peligrosa, en la que las instituciones financieras en todo el país temen prestar dinero... Eso significa que si no actuamos será más difícil para los estadounidenses" conseguir préstamos, explicó Obama antes de la votación.
"Podríamos ver el cierre de miles de negocios, la pérdida de millones de empleos, a lo que seguiría una larga y dolorosa recesión. En otras palabras, esta no es solo una crisis de Wall Street, es una crisis estadounidense", advirtió el senador demócrata por Illinois.
Para ablandar a quienes se oponen al "rescate" de Wall Street en la Cámara Baja, el Senado incluyó medidas fiscales que benefician al ciudadano medio relacionadas con la protección de los depósitos bancarios, y acuerdos sanitarias.
Se mantiene la esencia
Con todas las modificaciones, la "Ley de Estabilización Económica" pasó de 102 páginas en su versión original del lunes, a un total de 451 páginas.
Pero el eje central del acuerdo es que el Departamento del Tesoro podrá adquirir la deuda dudosa de los bancos por importe de hasta 700.000 millones de dólares.
De ellos, tendrá 250.000 millones disponibles de inmediato y otros 100.000 millones si el presidente George W. Bush lo considera necesario. El Congreso puede retener los 350.000 millones restantes si no está satisfecho con el desempeño del programa.
Entre otros elementos, la medida elevó de 100.000 a 250.000 dólares la garantía que se aplica a los depósitos de los clientes bancarios, con el objetivo de mantener la confianza en el sistema bancario y evitar la fuga de dinero de una entidad a otra.
La Comisión de Valores de EEUU también podrá suspender la práctica de contabilidad conocida en inglés como "mark to market", que permite a las empresas ajustar sus activos al valor del mercado.
Desde la Casa Blanca hasta los pasillos del Congreso, el mensaje ha sido el mismo: se cierra el grifo de los préstamos y eso tiene graves consecuencias para los hogares, fábricas, negocios, e incluso ciudades y municipalidades.
La ciudad de Los Angeles (California), por ejemplo, ya afronta problemas para obtener financiación de obras públicas debido a las restricciones de crédito.
La ralentización económica en EEUU también tiene repercusiones para las compañías internacionales por el alto volumen de importaciones.
Los senadores reconocieron que la versión aprobada no es perfecta pero al menos contiene protecciones para los contribuyentes y salvaguardas para supervisar la eficacia del plan.
El senador republicano Mel Martínez, que votó por el plan, afirmó que ya habrá tiempo, en la sesión legislativa que comienza en enero próximo, para evaluar la crisis y, sobre todo, debatir una reforma regulatoria del sector financiero.
Martínez recordó que la medida limitará las compensaciones de los ejecutivos empresariales participantes en el programa, y ayudará a mantener abierto el acceso a crédito.
La escasez de crédito es preocupante si se toma en cuenta que la mayoría de los estadounidenses tampoco tiene un "colchón" de ahorros para capear crisis y sus salarios, por lo general, apenas cubren los efectos de la inflación.
La congelación del crédito no aqueja únicamente a Estados Unidos: también los bancos en otras regiones del mundo han restringido la concesión de financiación.
El Senado de Estados Unidos ha elaborado su propia versión del plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares que defiende la Casa Blanca y que el pasado lunes fue rechazado en una votación por la Cámara de Representantes.
El Senado le ha incorporado nuevos puntos, como alivios fiscales y medidas que benefician al ciudadano medio relacionadas con la protección de los depósitos bancarios y medidas sanitarias.
Como consecuencia de estas adiciones, el Acta de Estabilización Económica de Urgencia de 2008, como se denomina al paquete, ha pasado de tener 102 páginas en su versión del lunes, a contar con 451.
El eje central del acuerdo sigue siendo la capacidad del Tesoro para adquirir la deuda de mala calidad de los bancos por un importe de hasta 700.000 millones de dólares.
De ellos, podrá usar 250.000 millones inmediatamente y otros 100.000 si el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, determina que los necesita.
El Congreso puede retener los otros 350.000 millones si no está satisfecho con el desempeño del programa.
Las medidas principales que ha añadido el Senado son las siguientes:
Se eleva de 100.000 a 250.000 dólares la garantía que se aplica a los depósitos de los clientes bancarios cuando una entidad se ve abocada al cierre o a la quiebra. Es medida tiene por objeto mantener la confianza en el sistema bancario y evitar la fuga de dinero de una entidad a otra.
Millones de contribuyentes con ingresos medios se beneficiarán de la exención a la llamada "Tasa Mínima Alternativa", una norma que, en general, implica impuestos más elevados.
Se conceden desgravaciones fiscales y otros incentivos para las empresas o particulares que inviertan en energías renovables, como plantas solares o eólicas, producción de etanol celulósico, o en la compra de coches eléctricos o híbridos.
Se otorgan exenciones fiscales para las empresas que inviertan en nuevos mercados, en investigación y desarrollo, así como a los pequeños comercios y restaurantes que inviertan en mejoras.
Se da autoridad a la Comisión de Valores estadounidense para prohibir la práctica conocida como "mark to market", que permite a las entidades asignar a un bien el valor de mercado.
Estas medidas se unen a otras ya contenidas en el programa, como las siguientes:
Los contribuyentes recibirán derechos de compra de acciones (warrants), con lo que se beneficiarán si las empresas que reciben la ayuda se recuperan.
El Gobierno limitará los ingresos de los directivos de las compañías participantes en el programa. Los jefes de empresas en quiebra no podrán recibir beneficios multimillonarios cuando sean despedidos, los cuales se conocen en el argot financiero estadounidense como "paracaídas dorado". El Gobierno también elevará los impuestos a firmas que paguen a sus directivos por encima de 500.000 dólares al año.
Se establecerá un consejo de supervisión del programa, que incluirá al presidente de la Reserva Federal, el de la Comisión del Mercado de Valores, el director de la Agencia Federal de Financiación de Viviendas y el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano.
