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PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD EN MADRID

El 'caso Güemes' reabre el debate sobre las incompatibilidades tras salir del sector público

La oposición en Madrid pide endurecer la ley de incompatibilidades y aumentar el plazo de los dos años actuales a cuatro, el tiempo de una legislatura

CADENA SER   11-01-2013 - 20:30 CET

La adjudicación del servicio de análisis médicos de seis hospitales madrileños a la empresa de la que es consejero Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pone en evidencia el conflicto de intereses entre lo público y lo privado. La noticia adelantada por la Cadena SER ha provocado una cascada de reacciones en el sector político. Algunas partidos de la oposición en Madrid ya han reclamado un endurecimiento de la legislación sobre incompatibilidades.

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Juan José Güemes y Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo en el Hospital del Tajo

Juan José Güemes y Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo en el Hospital del Tajo- (EFE)

La legislación sobre incompatibilidades, en vigor para los cargos y funcionarios al servicio de la Administración del Estado y Organismos Públicos, establece que quien ocupa ciertos cargos no pueda contratar con empresas privadas relacionadas con su cargo en un periodo de dos años tras el cese. El hecho de haber cobrado de los Presupuestos Generales del Estado o las Autonomías, haber gestionado dichos presupuestos y contratar con el sector privado desde la administración les inhabilita durante ese periodo de tiempo.

El objetivo es evitar que un cargo público se beneficie de su condición de para, en su trabajo privado, captar clientes o darles un trato preferencial frente a la Administración. Según la última modificación sobre Incompatibilidad de las cesantías con cualquier retribución pública o privada aprobada en Consejo de Ministros "se hace incompatible con cualquier otra retribución pública o privada la retribución compensatoria del 80 por 100 de sus retribuciones, durante un plazo de 24 mensualidades a la que tienen derecho cuando cesan, para determinados altos cargos, miembros del Gobierno, Secretarios de Estado, presidentes de las Cámaras y presidente y consejeros de organismos reguladores"

El coordinador de Izquierda Unida en Madrid ha solicitado endurecer la legislación sobre incompatibilidades tras conocer que la empresa de la que es consejero Juan José Güemes haya adquirido la gestión de los análisis clínicos que él mismo privatizó durante su etapa al frente de la Consejería de Sanidad de Madrid. A juicio de Eddy Sánchez, el hecho de que Güemes forme parte del consejo de administración de Unilabs, aunque ya se hayan cumplido los plazos de incompatibilidad legal, es "una cuestión que tanto ética como estéticamente deja mucho que desear" y demuestra "las verdaderas intenciones que hay tras la privatización de la sanidad".

Por su parte, Elena Valenciano también ha denunciado la "incompatibilidad ética" de Juan José Güemes. La vicesecretaria general del PSOE asegura en su cuenta de 'Facebook' que este hecho deja claro los motivos del PP para privatizar el sistema público sanitario. "El negocio es redondo y millonario, porque la concesión contempla la gestión de los análisis clínicos en un área de 1.200.000 habitantes a un precio de 16 euros para cada uno que pagará la Consejería de Sanidad".

Desde la comunidad del Madrid, el Gobierno central y el PP se echan balones fuera sobre el caso. Ignacio González, en declaraciones a TVE, argumenta que Güemes se incorporó a la empresa este verano y esto es "un concurso que viene de atrás". La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se ha limitado a decir que "desconoce el caso porque son decisiones de otra administración" y Cospedal simplemente ha contestado que "no sabía de lo que le estaban hablando".

Más críticos han sido esta mañana en el programa 'Hoy por Hoy' dos expertos en sanidad. El presidente de la Asociación de Economía de la Salud y profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva, denuncia la falta de leyes que garanticen la transparencia en el ámbito de la Sanidad y ha recordado que "Güemes ya avisó de que la Sanidad era un gran negocio". Desde la Federación de Asociaciones en defensa de la sanidad pública, su portavoz Marciano Sánchez Baile ha recalcado que estos "beneficios económicos explican el interés por privatizar la sanidad".

Comentarios - 97

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  • 97

    ianco 12-01-2013 20:46:11h

    el partido popular privatiza lo público, para colocar a sus amigos de pupitre, sus sedes son oficinas de colocación donde todos van llorando para que les coloquen a la familia, me lo decia hace 8 ó 10 años, cuando no habia tanto paro, mi hermano que es facha del partido popular.

  • 96

    Bananerismo 12-01-2013 20:34:13h

    Lo de los dos años es un cachondeo. La ley de incompatibilidades es de chichinabo. Allanar el camino para obtener una buena tajada a los dos años es legal pero es inmoral. Es inmoral porque es perfectamente legítimo pensar que mientras se ha estado desempeñando el cargo público los proyectos y planes del sector se han diseñado pensando en obtener beneficios económicos en un tiempo futuro. Creo que aquí sobran palabras. Tampoco está tan claro que no sea un delito, claro que en España la justicia también tiene sus propias varas de medir.

  • 95

    Geli 12-01-2013 20:30:43h

    El PP huele a podrido por los cuatro puntos cardinales, por TV sale la Sra. Santamaria, muy seria ella, diciendo "Este gobierno hará que se cumpla la Ley" Y digo yo: que Ley? la del embudo?. Esta pandilla de parásitos se quedaran hasta con nuestras vidas, y dirán que cumplen la ley, pero la ley está hecha i aplicada por ellos y a su medida, de otra manera estarian todos en la carcel. Lo que no se entiende es porque la gente aún les vota. Debemos copiar mucho de los paises socialdemócratas, que son los que mejor funcionan.

  • 94

    rumaga 12-01-2013 20:07:53h

    Es una verguenza que esto este pasando en nuestro pais. Con nuestros impuestos se pagan cosas que luego van a manos privadas por mucho menos de lo que valen. Hasta cuando? Vamos a parar esto de una vez?

  • 93

    Sir Vantes 12-01-2013 20:06:02h

    La ley debe prohibir de por vida que un excargo público reciba un sueldo de una empresa sobre la que decidió en el tiempo de su cargo. Y lo debe prohibir ahora mismo y afectando a cuantos hayan sido cargos públicos. La indecencia es tan clara y vomitiva que su hedor nos resulta insoportable, y el descalabro del dinero público se deduce arrasador para el país, y por tanto el gobierno, con su permisividad se convierte en cómplice y responsable de tan monstruosa y deleznable práctica.

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