El Gobierno catalán llevará ante la justicia la ejecución del ex presidente de la Generalitat Lluís Companys para que sea anulada la sentencia que dictó contra él un consejo de guerra franquista, cuando se apruebe la Ley de Memoria Histórica. Esta posibilidad de anulación de la sentencia se abre tras el acuerdo alcanzado ayer, jueves, entre el PSOE e IU para que la futura Ley de la Memoria Histórica declare "ilegítimos" los juicios franquistas.
El Ejecutivo catalán está decidido a personarse como "institución afectada" ante los tribunales para reclamar la anulación del consejo de guerra que, el 14 de octubre de 1940, dictó sentencia de muerte contra Companys y que se ejecutó a primera hora del día siguiente.
Companys, en el exilio en 1940, fue capturado por la Gestapo en París y entregado a las autoridades franquistas, que, tras un rápido consejo de guerra, lo fusilaron el 15 de octubre en el Castillo de Montjuic.
Tanto los herederos y familiares de las víctimas del franquismo como las instituciones podrán, cuando se apruebe la nueva ley, llevar ante la justicia casos para reclamar la anulación de las penas franquistas.
