Este lunes comenzará en Palma el juicio a los catorce imputados por presuntos delitos de falsedad documental en el llamado Caso Caballistas, entre los que se encuentran cuatro alcaldes en activo del Partido Popular.
Desde este lunes y hasta el próximo 3 de diciembre declararán en la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) un total de: cuatro alcaldes (uno de ellos en funciones); siete ex alcaldes/b>; un teniente de alcalde en activo y dos funcionarios.
Estos catorce imputados, todos del PP, responderán ante el juez por legalizar presuntamente una vivienda en suelo rústico propiedad del ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal (PP).
El documento de apertura de juicio oral, del pasado 13 de junio, explicitaba que los hechos "revisten carácter de delito" y que "existen indicios racionales de criminalidad" contra estas personas.
Acusación
El escrito del Ministerio Fiscal explicaba que el popular Sebastià Vidal, siendo alcalde del Ayuntamiento de Ses Salines (Mallorca) construyó una vivienda unifamiliar aislada, una nave y otras edificaciones en la parcela 21 del polígono 9 del catálogo de fincas rústicas de dicho municipio.
La acusación, dirigida por el fiscal jefe Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, añadía además que estas obras eran "de todo punto contrarias a derecho", pues los terrenos tenían la consideración de rústico y el tamaño de la parcela (8.878 metros cuadrados) era "muy inferior al requerido por la normativa" (14.000) para poder edificar.
El escrito de Carrau recordaba, además, que el único medio que tenía Vidal para dar legalidad a la obra era declararla de interés general.
¿Club social hípico?
El fiscal aseguró que para conseguir esto el entonces alcalde de Ses Salines hizo que la Agrupación Caballista del municipio promoviera la tramitación de un expediente solicitando la declaración de interés general, alegando que su uso se destinaría al club social hípico de la localidad.
El papel oficial del Ayuntamiento lo firmó el propio Vidal el 11 de agosto de 2004, según el Ministerio Fiscal, "después de convencer a otros diez alcaldes para que realizaran documentos de contenido similar e inveraz, asegurándoles que el contenido de lo que firmaban se correspondía con la realidad".
Penas
Carrau pide para el ex alcalde de Ses Salines, como inductor de un delito de falsedad documental en documento oficial, como autor del falso documento y como inductor de otros 9 delitos imprudentes, una pena de seis años de prisión, 24 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros e inhabilitación especial para cargo o función pública durante seis años.
Para el celador municipal, Sebastià Escalas, cuatro años de prisión, diez meses de multa con una cuota de diez euros e inhabilitación durante cinco años por falsedad documental.
La pena reclamada por la fiscal para el ex alcalde de Campos Andreu Prohens es de tres años de cárcel, veinte meses de multa de diez euros diarios e inhabilitación; mientras que para su secretario municipal la pena solicitada es de cuatro años de prisión, además de la multa y la inhabilitación.
Para los otros diez alcaldes y tenientes de alcaldes la pena solicitada es de diez meses de multa con una cuota diaria de 20 euros y suspensión para cargo o función pública durante 9 meses.
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