Los consejeros de Educación de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han acudido hoy al Tribunal Supremo para presentar un recurso contra el decreto que paraliza la aplicación de algunos aspectos de la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE). Pero no todas las comunidades han pedido lo mismo en el recurso.
Los consejeros de Educación de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Galicia y Baleares se personaron hoy en el Supremo para interponer este recurso, respaldados por varios responsables del área de Educación del Partido Popular.
Pero tanto Valencia como Murcia no piden al máximo tribunal la suspensión cautelar del decreto de Moncloa debido a que no habían publicado una normativa propia en sus regiones y esa suspensión, en caso de producirse, provocaría, aseguran, un grave problema de planificación en los colegios bajo su responsabilidad.
El recurso ante el Tribunal Supremo se suma a la consulta que la Comunidad de Madrid ha presentado ante el Consejo de Estado para que determine si el Decreto gubernamental que interrumpe la LOCE tiene carácter retroactivo y puede invalidar la decisión de la Comunidad de ponerla en marcha el próximo curso, y al recurso que estas Comunidades elevarán ante el Constitucional.
MENSAJE DE TRANQULIDAD
Los responsables de estas Comunidades quisieron además trasladar un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa, en especial alumnos y sus familias, y observaron que estos recursos podrían estar resueltos en pocas semanas y antes de que finalice el presente curso, por lo que los alumnos comenzarían las vacaciones de verano con el horizonte sobre el próximo curso ya aclarado.
El consejero de Educación de Madrid, Luis Peral, aseguró que el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros paraliza "en la práctica" todo lo que quedaba pendiente de aplicar de la Ley de Calidad de la Educación.
Peral preguntó al Gobierno si es contrario a que los niños de infantil comiencen a leer y a escribir a partir del próximo año, a que los alumnos de primer año de primaria comiencen a estudiar un segundo idioma, o a que los alumnos que están en programas de Garantía Social comiencen a estudiar una formación profesional que les permitiría adquirir una cualificación y el título de la ESO.
NINGUNA EXPLICACIÓN
El consejero de Educación de Madrid, quien actuó como portavoz de las siete Comunidades Autónomas, aseguró que también se perjudica a los alumnos de Bachillerato, y aseguró que la Prueba General de Bachillerato habría servido para homologar su título con el de otros países europeos "y ahora no van a poder hacerlo".
Lamentó además que el Gobierno no haya dado "ninguna explicación" de por qué se está "perjudicando" a los alumnos, y aseguró que al margen de los recursos presentados estas Comunidades "acataremos la legalidad vigente".
RECURSO AL CONSTITUCIONAL
Luis Peral confirmó además que las Comunidades gobernadas por el PP recurrirán al Tribunal Constitucional por entender que se ha producido un conflicto de competencias y que el Ejecutivo ha invadido competencias, y exigió "respeto" hacia su ámbito competencial.
Respecto a la consulta que el Gobierno de Madrid ha dirigido al Consejo de Estado, Peral explicó que han pedido que se tramite por el procedimiento de urgencia, por lo que el informe estará en unos quince días, antes de que comience el proceso de matriculación para el próximo curso; "creemos que nadie va a resultar perjudicado", dijo el consejero.
