Crónica
El magistrado Alberto Jorge Barreiro dicta auto de apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales al haber intervenido las conversaciones en prisión de algunos abogados con los presuntos cabecillas de la trama Gürtel. Entre los letrados que se querellaron contra Garzón figura José Antonio Choclán, abogado de Francisco Correa. Jorge sostiene que el objetivo de la medida acordada por el juez de la Audiencia nacional era el de "dominar la evolución de una causa judicial de gran trascendencia mediática"
Fotografía de archivo, del 7 de marzo de 2011, del juez Baltasar Garzón a las puertas del Tribunal Supremo- (EFE/Javier Lizón)
El Tribunal Supremo abre el segundo juicio oral contra el juez Baltasar Garzón. El magistrado Alberto Jorge Barreiro concluye su investigación y atribuye a Garzón un presunto delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales. Delitos que habría cometido al intervenir las comunicaciones en prisión de algunos abogados del caso Gürtel con los principales cabecillas de la trama. La querella que dio origen a este proceso la presentó el abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado José Luis Ulibarri. A esta querella se sumó, José Antonio Choclán, letrado del presunto jefe de este entramado de corrupción, Francisco Correa.
El magistrado instructor sostiene en su auto que Garzón decidió "acceder indebidamente" a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados "con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía seguridad de conseguir mediante la utilización de medios lícitos". El objetivo, añade Jorge, era "obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación" y concluye subrayando que conociendo la estrategia de defensa o los datos confidenciales que los internos pudieran proporcionar a sus abogados "dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática".
Todavía le queda una posibilidad a Garzón, aunque sea más que remota. Que la sala de lo penal acepte alguno de los recursos que aún tiene pendientes de resolver.
Primero fue el magistrado Luciano Varela el que dictó auto de apertura de juicio oral contra el juez Garzón por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes del franquismo. Lo hizo resolviendo en un tiempo récord siete recursos para así conseguir que Baltasar garzón se incorporara como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional suspendido de sus funciones como juez.
Los querellantes fueron los colectivos Manos Limpias, Libertad e Identidad y también la Falange, aunque Varela terminó por excluirla del proceso. La presencia de Falange en la causa hizo que fueran muchas las voces nacionales e internacionales que criticaran al Supremo por permitir que la extrema derecha sentara en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional.
El asunto está ahora pendiente de las recusaciones que ha presentado Garzón contra cinco de los siete magistrados que deben juzgarle. Las recusaciones, en un hecho sin precedentes, fueron parcialmente apoyadas por la Fiscalía. Uno de los cinco recusados, el magistrado Joaquín Giménez, ha decidido apartarse voluntariamente del asunto al aceptar los argumentos del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez - Fresneda. Los otros cuatro se han opuesto a ellas y ahora la sala especial del artículo 61 es la que tiene la última palabra.
Ahora ha llegado el turno del caso Gürtel. Paradójicamente, Garzón será el primero en sentarse en el banquillo por este caso de corrupción que salpica a decenas de dirigentes del PP en los Gobiernos de la Comunidad de Madrid, Castilla León y la Comunidad Valenciana.
Prevaricación y cohecho. Esos son los delitos a los que se enfrenta el magistrado de la Audiencia Nacional en la tercera de las causas que tiene abierta en la sala penal del Tribunal Supremo. La querella la presentaron los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón. En este caso le acusan de recibir subvenciones del Banco Santander para organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York. Esto, por sí solo no es delito pero los querellantes vinculan esas subvenciones con el archivo de una causa contra los directivos de esta entidad bancaria que acordó Garzón cuando se reincorporó a su puesto en la Audiencia Nacional. Archivo que propuso la Fiscalía y que fue confirmado por la sala de lo penal de la Audiencia. A pesar de todo, el magistrado del Supremo, Manuel Marchena, sigue con la instrucción que tiene el mismo común denominador que las otras dos: rechazar las pruebas solicitadas por el querellado.
Esto es una auténtica vergüenza. En cuanto se ha tocado a la DERECHA, ya sea el caso Gürtel, ya sea por las víctimas del franquismo, se han lanzado como fieras contra el más débil: ¿estamos realmente en Democracia? ¿Acaso un juez no es tiene libre potestad para ordenar unas "escuchas", sea por el motivo que fuere? ¿Por qué el Tribunal Supremo, que, en principio, está al margen de la política, está actuando así? ¿Adónde vamos a llegar...? ¿Siguen mandado "los de SIEMPRE"? Esto no lo podemos dejar pasar, el pueblo tiene que mostrar que ya está cansado de los ABUSOS de los "señoritos", de los franquistas, de los fascistas, en definitiva, de todos estos que siempre se han salido con la suya. ¡Por favor, que esta vez prevalezca la Justicia! - si es que existe en España...
Solo queda una solución. Que el pueblo salga a la calle y proclame alto y claro la prevaricación contra del Tribunal Supremo en este caso. Sino seremos un país sin ningún derecho a levantar la voz en absolutamente nada, porque no tenemos agallas para oponernos a los abusos de uno de sus poderes: LA JUSTICIA. La que permite procesar al que ha destapado los mayores escándalos de este país: robo de bebés; muertos de la guerra en la cuneta - eso no se lo perdonan los jueces viejos y pringados hasta las cachas durante el franquismo y...el caso Gürtel, que se prolonga todo lo que quieren los "imputados" y, se precipita a juzgar a quien lo trabajó.
Con este caso nuestra justicia está demostrando al mundo entero que está absolutamente corrompida. Que en ella no rige la ley sino la política y que bastantes, por desgracia para este país - están vendidos a sus partidos, en este casl al Pp. Trabajan para él. Otra conclusión no se entiende. Estos magistrados deberían ser inmediatamente apartados y procesados por prevaricadores ellos mismos. Con este juez se está practicando la ley del acoso y derribo, amenazando a su familia y a él mismo. Es una vergüenza para este país que pesará en el futuro, sino se rectifica rápidamente, si alguien no dice "BASTA"!!!!!
Jac, La garantia procesal no es el sentido comun, no empezemos a divagar argumentando lo que nos viene en gana con tal de que suene "democratico". La Constitucion y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, definen las garantian y normas que se deben cumplir en un proceso judicial. Es mas grave que alguien sea condenado no respetando sus derechos constitucionales que un chorizo salga a la calle porque un juez se saltó las normas para lograr pruebas. Yo creo que el tema politico que subyace detras de este caso os ciega para ver la realidad porque no puedo creer que las extravagancias que se leen aqui, sean la opinion general sobre la justicia.
Para 188 Jac, Todo el mundo tiene derecho a defenderse en un tribunal, si espian tus conversaciones, entonces suspendamos el derecho a tener un abogado, total como eres un chorizo no tienes derecho a nada.
