La comisión de estudios del Consejo General del Poder Judicial ha dado el visto bueno al informe de la vocal Margarita Robles sobre el anteproyecto de reforma del código penal que ha elaborado el Gobierno. El documento definitivo mantiene, tal y como les adelantó la Cadena SER, que la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad podrían ser inconstitucionales. Tres vocales han votado a favor de la propuesta de Robles y dos en contra.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial tendrá que votar el crítico informe de la vocal, Margarita Robles, sobre el anteproyecto del código penal que ha elaborado el Gobierno. El documento que les adelantó la Cadena SER ha pasado el filtro de la comisión de estudios. La presidenta, Margarita Uría, y los vocales Carles Cruz y Margarita Robles, han votado a favor. Concepción Espejel y Antonio Dorado han anunciado la presentación de sendos votos particulares.
El texto definitivo mantiene la tacha de inconstitucionalidad de la reforma penal del Ministerio de Justicia. Sólo se han consensuado pequeños retoques. Sobre la prisión permanente revisable, por ejemplo, se incide en que puede vulnerar la Constitución porque atenta contra los principios de seguridad jurídica y de taxatividad al someter al reo a una suerte de prisión indefinida.
La custodia de seguridad que siempre lleva aparejada la libertad vigilada es, según el informe, "de cuestionable constitucionalidad" porque adolece de "un procedimiento para acordar su inicio, revisión, modificación o cese". Además, la libertad vigilada "puede tener carácter ilimitado y restringe derechos".
El Consejo General del Poder Judicial tiene entre sus funciones la de informar de las leyes del Gobierno y, algunas veces, la fortuna puede jugar malas pasadas. Es el caso de este informe sobre la reforma del Código Penal que le ha tocado por riguroso turno de reparto a Margarita Robles. Robles es la vocal más activa en contra de la gestión de Alberto Ruiz Gallardón al frente del Ministerio de Justicia y el destino ha querido que sea ella también la encargada de firmar el informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta a la organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y que, previsiblemente, también será muy crítico.
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Quien no debe pasar el filtro es el ministro Gallardón, amparador de la tortura, ni ninguna de sus iniciativas legislativas.
Soy de la opinión de que esta reforma del código penal la deberían poner a prueba antes de aplicarla. Pero probarlas con militantes del PP, solo para ver si les generan inseguridad jurídica. Da igual si se les enjuicia justamente o no, solo son medidas preventivas, además está por encima el interés general que tanto les gusta y la aplicación de la mentira y el calumnia que algo queda, que tanto les gusta. "Sarna con gusto no pica".
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