De momento, las compañías se quedarán sólo con el 18% de la producción de sus pozos de gas de mayor tamaño el 82% restante será para el Estado vía impuestos o a través de la petrolera oficial YPFB.
Además, con ese 18%, las petroleras habrán de financiar la extracción del gas, con lo que el margen real será mucho menor. La medida es provisional, estará en vigor en tanto las petroleras no negocien y firmen nuevos contratos para la explotación de esos pozos, para lo que tienen un plazo de seis meses.
El decreto, con nueve artículos, sostiene que “el pueblo ha conquistado, a costa de su sangre”, el derecho a la riqueza de sus hidrocarburos, califica de “heroica” la primera nacionalización boliviana de los hidrocarburos, en 1937. Insiste en términos como control "total y absoluto" de esos recursos y sitúa al Ejército boliviano como uno de los garantes del cumplimiento del decreto.
Los pozos más pequeños, los que producen menos de 100 millones de pies cúbicos al día (que es un pozo mediano, según el sector) mantendrán durante todo este tiempo las condiciones de explotación actuales.
