Dos de los funcionarios en prisión preventiva por la 'Operación Guateque' formaron parte de la Comisión de seguimiento de la ordenanza sobre licencias que aprobó el gobierno de Gallardón en diciembre de 2004, según ha podido saber la Cadena SER.
Al parecer, el objetivo de la ordenanza era agilizar las licencias urbanísticas y para evitar el exceso de burocracia de la anterior normativa se creó una Comisión encargada de vigilar la aplicación de la misma y fijar criterios con carácter vinculante para los servicios municipales.
El 30 de junio de 2005, se reunió por primera vez la comisión constituida por un Presidente y Cuatro Vocales, directores y Subdirectores generales de las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente, y se creó una ponencia técnica formada por 8 funcionarios que eran los encargados de redactar los informes de la Comisión.
Vinculados con la "trama de corrupción"
Entre esos ocho funcionarios, al menos dos están vinculados con la presunta trama corrupta: dos funcionarios de libre designación, que ahora mismo se encuentran en situación de prisión preventiva tras prestar declaración el pasado fin de semana ante el juzgado de guardia. Se trata de Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora de Evaluación Ambiental, y Joaquín Fernández de Castro, Jefe del departamento de evaluación ambiental de la concejalía de medio ambiente que entonces dirigía Paz González.
Está previsto que ambos funcionarios vuelvan este viernes al juzgado número 32 para que el magistrado Santiago Torres ratifique la prisión preventiva decretada el pasado fin de semana por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
