Un traje a medida. Esto es lo que han denunciado ante la Fiscalía los ecologistas del GEN de Ibiza. Se refieren al plan territorial insular, la herramienta urbanística que regula esta materia en las islas. A medida del ex ministro del PP Abel Matutes y sus empresas. En concreto han hecho público un convenio de compra-venta con la sociedad Realia Business en la que el holding del ex ministro del PP vendía a esta otra empresa 75.000 m2 de terreno en la costa de Sant Antoni por 26 millones de euros y condicionaba la operación a que se permitiera urbanizar la zona que entonces era rústica.
Otro de los puntos de este contrato señala que el futuro ordenamiento les permitirá doblar la edificabilidad del resto de la franja costera de las islas. Algo que se llevó a término más adelante.
Varios meses después, todo está reflejado en ese PTI votado incluso por la hija de Matutes, miembro del equipo de gobierno del Consejo con intereses en las empresas.
El GEN quiere que la Fiscalía Anticorrupción investigue varios delitos relacionados con la corrupción urbanística, ya que apuntan que se aprecian indicios de tráfico de influencias, prevaricación y actividades prohibidas de autoridades y funcionarios.
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