El ex ministro de Ciencia y Tecnología por el PP Juan Costa ha declarado hoy como testigo ante el juzgado de Instrucción número 1 de Nules que investiga al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos contra la Administración Pública. Costa ha manifestado que no recuerda nada de la supuesta reunión que mantuvo con el propio Fabra y con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, según ha informado a la Cadena SER uno de los abogados que ha asistido al juicio.
El ex ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aznar, no ha recordado siquiera si existió tal reunión con Fabra y Posada ni si visitó el Ministerio de Agricultura con aquél, extremo que confirmó el propio Posada.
Según explicaron desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJC), la declaración de Costa versó sobre el contenido de dicha reunión, mantenida en 1999, y en la que se habló, supuestamente, sobre las licencias de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, propiedad del empresario castellonense Vicente Vilar.
Costa finalmente ha debido personarse en las dependencias judiciales, ya que no pudo acogerse al derecho de testificar por escrito al que sí se acogieron los ex ministros de Agricultura, Jesús Posada y Miguel Arias Cañete, y la ex ministra de Sanidad, Celia Villalobos.
La comparecencia de Costa, al igual que la de los otros tres ex ministros, fue decretada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón que estimó el recurso presentado por la Unión de Consumidores.
Contra la Administración Pública y fraude fiscal
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está siendo investigado por supuestos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal.
Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, una investigación que la jueza del número 1 de Nules sumó a la causa abierta en 2003 referente a una supuesta falsificación en documentos y permisos para productos los fitosanitarios.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada por el empresario Vicente Vilar ante el Ministerio de Agricultura, que la remitió a Fiscalía Anticorrupción y recayó sobre el citado juzgado, que imputó al empresario, a su ex esposa Montserrat Vives, a Fabra y a su cónyuge, Amparo Fernández.
En la denuncia se reveló una supuesta falsificación de sellos en los documentos de unos productos fitosanitarios con el fin de agilizar la aprobación de las licencias en los correspondientes ministerios, de Agricultura y de Sanidad.
