El fiscal jefe en Castellón, Javier Carceller, ha emitido un decreto al que ha tenido acceso la Cadena SER, en el que ordena la apertura de diligencias de investigación penal después de detectar "la presunta comisión de conductas irregulares en la formación del censo municipal" del municipio de Vall d'Alba, en la provincia de Castellón, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. La localidad de Vall d'Alba está dirigida por el presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, del Partido Popular, que está sustituyendo a Carlos Fabra en el cargo desde que éste se encuentra convaleciente de un transplante de hígado.
Con la investigación abierta a Martínez, la actuación de los tres principales dirigentes del PP en la Diputación de Castellón está bajo sospecha. La acusación popular pide 20 años y tres meses de cárcel para el presidente, Carlos Fabra, por los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal, y el fiscal también reclama siete años de prisión para el vicepresidente segundo y portavoz del PP en la Diputación, Vicent Aparici, por supuestos vertidos tóxicos en un basurero ilegal. Tanto Fabra como Aparici están cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.
La investigación del fiscal por la gestión de Martínez en Vall d'Alba surge a raíz de la denuncia realizada por el portavoz del PSPV en la localidad, Fernando Grande y el secretario de organización provincial, Francisco Valverde. Ambos presentaron el pasado mes de mayo un escrito a la fiscalía, en el que denunciaron el supuesto empadronamiento masivo en este municipio.
Los socialistas acusan a Martínez de un delito electoral porque según dicen, empadronó a casi 200 personas meses antes de las elecciones municipales de 2007, para garantizarse la victoria por mayoría absoluta.
Un juzgado de Castellón decidirá ahora sobre este caso
No es el primer caso de supuesto fraude en el censo electoral que investiga la justicia en la provincia de Castellón. Un juzgado analiza el supuesto fraude en el censo de Cabanes a instancias de la formación política Iniciativa, que acusó al alcalde del PP, Artemi Siurana, a familiares suyos y cargos del PP local de empadronamientos fraudulentos en sus propios domicilios y en viviendas inexistentes, para ganar las elecciones de 2007.
Pues si lo mejor para el partido popular es la corrupción, ganan mas votos con este tipo de lideres. Y encima, aqui en Valencia lo primero que hacen es insultar a Zapatero por lo que sea, y cuando salpica una de estas noticias miran hacia otro lado, como si la cosa estubiera sucediendo en Indochina. (probres ignorantes, y pobres los que tenemos que aguantar su ignorancia).
Y estos corruptos como se proponen gobernar a este pais , no pdemos darle nuestro voto seria la ruina para españa solo ellos y los suyos vivirian a todo tren que no,,
¿Que más tiene que pasar en la comunidad Valenciana, para que esos votantes de un partido corrupto por todas partes, dejen de votarles?, yo he dejado de veranear alli, y pensar que aunque les voteis no les dara patente de corso.
No se preocupen que el PP tiene escusas para todo, y convencen a los Valencianos, bueno a algunos por que a mi NO y venga a robar dinero, y nuestros hijos a estudiar en barracones por falta de presupuesto.
Para Hector no mezcles las churras con las merinas. la vicepresidenta se empasrono para ir en las listas electorales y no hay delito siempre ,ya el Partido Phacha lo denuncio y nada de nada. y lo de esta gente es falsificar el censo para que los falsificado les votaran
