La Fiscalía acusa al ex fiscal y letrado Ignacio Peláez de mentir y al Tribunal Supremo de creerle. En un recurso muy duro, el Ministerio Público sostiene que "los hechos narrados por el querellante y tomados en consideración por la Sala de lo Penal son una versión absolutamente ajena de lo realmente acontecido que se sustenta en una documentación calculadamente fragmentada para superar el trámite de la admisión a trámite de la querella, antes de que el Ministerio Fiscal pudiera reaccionar aportando los elementos documentales que la desacreditan".
El Fiscal vuelve a insistir en que la intención del querellante, abogado del empresario José Luis Ulibarri en la trama Gürtel, es la de "obtener fraudulentamente una resolución favorable de un tribunal distinto de aquel que tiene conocimiento pleno e inmediato de los hechos". El Ministerio Público vincula esta ofensiva con las causas que ya tiene abiertas el Juez de la Audiencia Nacional en el Supremo señalando que "esta estrategia pretende ligar indisimuladamente la suerte procesal de este recurso a la suerte personal de la autoridad judicial y viceversa". El Juez Garzón, añade, se limitó a cumplir la Ley cuando autorizó las escuchas en prisión de los principales imputados de este caso de corrupción que afecta al PP con sus abogados.
Medida necesaria y proporcionada
El recurso defiende que la intervención de las comunicaciones era una medida necesaria para la investigación de los hechos y proporcionada a su gravedad, ya que iba encaminada a investigar el delito de blanqueo de capitales. En este sentido, subraya que "las complejas estructuras societarias nacionales e internacionales aquí utilizadas han recibido y hecho circular dentro y fuera de España millones de euros procedentes de delitos fiscales, cohecho y tráfico de influencias, entre otros" Y recuerda que la "extensísima red de sociedades alcanza a territorios no precisamente caracterizados por la bondad o celeridad en su sistema de cooperación judicial, como la Isla de Nevis o Panamá".
Además, justifica la necesidad de conocer lo que los detenidos hablaban con sus abogados con el argumento de que "las intervenciones telefónicas revelaron que los imputados estaban preparando reuniones y operaciones con la finalidad de ocultar y reorganizar fondos ubicados en el extranjero que a fecha de la detención no constaban que se hubieran producido. Si esas reuniones se encontraban pendientes, deberían celebrarse con asistencia de personas distintas de los imputados, privados como estaban de libertad".
Los letrados que defienden a los imputados de la trama Gürtel acusan al Juez Garzón de un delito de prevaricación por haber autorizado las escuchas abogado - cliente en prisión. Argumentan que la Ley General Penitenciaria prevé que esas intervenciones deben ser autorizadas por el Juez y sólo para casos de terrorismo. Incluso se apoyan en sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para reforzar su tesis. La Fiscalía, sin embargo, esgrime la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que autoriza este tipo de escuchas cuando tengan por finalidad la investigación de un delito. Esgrime la Ley de Enjuiciamiento Criminal y rechaza los argumentos de la otra parte. Sobre las sentencias en las que se apoyan para considerar las escuchas ilegales, señala el recurso del Fiscal que son resoluciones "que se pronuncian sobre la intervención de comunicaciones en las que no existía autorización judicial" Lo que no ocurrió en este caso.
"Conscientes de la necesidad de salvar este abismo", continúa la Fiscalía, "la estrategia pasa por confundir la intervención de las comunicaciones como medida de régimen penitenciario con la que se adopta como medida de investigación dentro de un proceso penal de manera que las limitaciones de una se transmitan artificialmente a la otra"
Las conversaciones grabadas en prisión a Francisco Correa y Pablo Crespo, presuntos cabecillas de la trama Gürtel se efectuaron, a juicio de la Fiscalía, dentro del marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para investigar los delitos imputados y "hasta el presente ninguna iniciativa legislativa ha declarado la exclusión de los abogados de su ámbito de aplicación, no pudiendo los apelantes suplantar al legislador como pretenden hacer en este trámite".
Vamos a meter al trullo a Garzon por escuchas ilegales y a los corruptos les vamos a pagar unas vacaciones eh! Sres del Supremo, que les parece.
Para mí el Tribunal Supremo ya está de más, creo que tienen que ser inabilitados, esto es muy descarado ya no vá a ser lo mismo. Es una banda. Por mi parte ya no tienen respeto ninguno. FUERA!
Este pais se olvida de lo que este juez ha echo por el, lucha contra ETA por ejemplo. Mas Garzones necesitamos para acabar con esta lacra de la corruccion,que curiosamente salpica solo hacia una direccion. Los del PP haran cualquier cosa para acabar con Garzon,el es su enemigo les esta destapando toda su mierda.
Lo más doliente de esta denuncia junto con las otras, es que, a este presunto-corrupto le respalda el otro GRAN PRESUNTO-CORRUPTO que es el PP, auspiciando a esta gen........ el poder hablar de tú a tú el Sr. Garzón, el cual que yo sepa hasta ahora no está metido en ningún caso de corrupción. Y esto es lo más peligroso, el PP es el principal partido llamado a Gobernar España apoyando a unos presuntos que se han quedado con el dinero de todos los madrileños, valencianos. Dolor y rabia, ahí queda eso.
La defensa es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Las personas implicadas en el caso Gurtel tambien tienen derecho a defenderse aunque ello suponga intentar implicar a un magistrado como el sr. Garzon de trayectoria impecable. Pero lo que está claro que estos presuntos delicuentes, estafadores,.....desde dentro y en el entorno del PP, lo que pretenden es que se anule el proceso,como el del caso naseiro. La derecha española no roba, no estafa, hace caja, el robar solo es de rojos delicuentes.
