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En el inicio de legislatura, la política del agua se presenta como tema para la disputa. El gobierno catalán insiste en que quiere un trasvase desde el Segre (afluente del Ebro) hasta la cuenca del Llobregat. La vicepresidenta De la Vega dijo el viernes que "ni hay, ni habrá trasvase del Ebro". Pero el conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, ha dicho hoy que esto no significa que el Ejecutivo se oponga a lo que ellos quieren. El presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, ha afirmado en sintonía con la oposición mostrada por el Ejecutivo, que Aragón se opone a cualquier trasvase porque así lo exige su Estatuto de Autonomía.
El socialista Marcelino Iglesias ha estado hoy con el presidente de la Generalitat, José Montilla, en un acto de recuerdo de la Corona de Aragón. Y ha dejado clara su oposición a un trasvase, sea cual sea.
Ha recordado que como el río Ebro ya estuvo expuesto a un proyecto de trasvase a Valencia y Murcia, "establecimos algunas precauciones en nuestro texto estatutario y por eso las autoridades aragonesas no disponen de margen de maniobra, sino que están obligadas por el Estatuto de Autonomía".
Iglesias ha explicado que su encuentro hoy en Poblet con el presidente catalán, José Montilla, es el primero después del anuncio del gobierno catalán de sus intenciones de trasvasar agua del Segre y que solamente ha habido "conversaciones informales" sobre el tema.
Cataluña 'no se lo cree'
Mientras que el gobierno central y el rpesidente de Aragón coinciden en rechazar cualquier trasvase, el gobierno catalán insiste en proponerlo. El conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, ha dicho hoy que no puede creer que la postura expresada por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, contra el trasvase del Segre sea razonada.
El conseller ha indicado que mañana mantendrá un intercambio de opiniones al respecto en el encuentro que tiene previsto celebrar con su homóloga del Gobierno, Cristina Narbona.
Por otra parte, Francesc Baltasar ha informado de que la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha abierto dos expedientes, que se pueden saldar con multas de 6.000 a 30.000 euros, a dos empresas que captaban agua y la revendían para llenar piscinas, por malgastar este bien público.
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