Agentes de la Policía Judicial han comenzado a registrar, según ha adelantado hoy la Cadena SER, una veintena de bancos en la provincia de Castellón. La operación consiste en solicitar la documentación sobre las cuentas bancarias del presidente de la Diputación y líder del PP en la provincia, Carlos Fabra. En su primera reacción ante esta nueva operación policial, Fabra ha dicho que es "sorprendente que sea la Cadena SER, vinculada al Gobierno, quien da la noticia, porque esto debería ser un secreto sumarial y yo, que soy la persona afectada, me he tenido que enterar por la radio".




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Pese a los registros, Carlos Fabra ha manifestado "no estar nada nervioso". "Si esto forma parte del proceso me parece muy bien que se mire con toda pulcritud todo el tema", ha añadido. Además, ha mostrado su extrañeza por que el juzgado no tuviera en su disposición la información que ahora buscan en las entidades.
Fuentes de la investigación han confirmado a la Cadena SER que el objetivo de la operación es averiguar el origen de los ingresos en las cuentas de Carlos Fabra durante los últimos años. Por eso, están solicitando toda la documentación de las cuentas bancarias que Fabra tiene en una veintena de bancos de la provincia de Castellón.
Según estas mismas fuentes, la operación la están realizando agentes de la Unidad de Apoyo de la Policía Judicial de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Antonio Salinas por orden de la Juez de Nules que instruye el Caso Fabra. Lo hacen acompañados de algunos miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de peritos de la agencia tributaria.
La solicitud de la documentación bancaria de las cuentas se está realizando de forma presencial por parte de los agentes pero sin orden de entrada y registro. Esta ha sido la fórmula elegida, según las fuentes consultadas, para no dilatar en el tiempo aún más la investigación judicial que hay abierta contra Carlos Fabra que lleva en marcha 5 años.
Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esta provincia está imputado por uno o varios presuntos delitos contra la Administración pública -entre ellos cohecho, prevaricación o tráfico de influencias- además de otro presunto delito de fraude fiscal.
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