Todos menos uno, el juez Eloy Velasco, que ha explicado a la Cadena SER que "la huelga es una forma legítima de protesta y ha denunciado que el ministro de Justicia miente cuando dice que la subida salarial de este colectivo ha sido de un 5%".
Eloy Velasco ha sido muy crítico, y propone "listas de espera judiciales" similares a las de Sanidad, al tiempo que reconoce que el caso Mariluz es uno de los detonantes de la convocatoria de huelga porque los jueces tienen miedo a ser 'el siguiente juez Tirado'.
Los jueces de la audiencia han respondido de forma unánime a que la convocatoria de huelga es manifiestamente ilícita. "No somos un colectivo de trabajadores como los demás,- explicaron a esta redacción- porque somos un poder del estado con una serie de responsabilidades y deberes para con los ciudadanos que nos impide esta forma de protesta, concluyen cinco de estos seis jueces (Fernando Andreu, Santiago Pedraz, Fernando Grande Marlaska, Ismael Moreno y Baltasar Garzón).
Es impensable, nos dicen, es ilegal, e incluso alguno propone una huelga a la japonesa.
La otra cara
En cambio, el juez Eloy Velasco dibuja un panorama bien distinto. Ha dicho a la Cadena SER que "la reivindicación económica no es lo más importante del pliego de peticiones presentado al ministerio, si no recuperar la dignidad para la profesión con más medios materiales y más jueces para toda España que nos permita hacer el trabajo con eficacia".
Este juez dice que "el caso Mariluz ha sido uno de los principales detonantes de la convocatoria de huelga porque todos nos hemos visto reflejados y hay miedo a ser el siguiente juez Tirado".
Eloy Velasco cree que todavía hay esperanza para evitar la huelga y se muestra partidario de la propuesta que circula por el correo electrónico de los jueces de crear "listas de espera judiciales, similares a las de Sanidad, para poder sacar el trabajo acumulado, y que a partir de entonces no entren más asuntos que sobrecargan los juzgados".
Los magistrados también se oponen
Preguntado por la Cadena Ser, el juez Grande Marlasca, por el contrario, considera que "a lo que nos tenemos que dedicar es a la función jurisdiccional en exclusiva sin actividades complementarias que la comprometan en su eficacia y eso nos cargara de razón para exigir más medios personales y materiales que, sin duda, necesitamos".
Por otra parte, la mayoría de los magistrados de la Audiencia Nacional en penal y contencioso administrativo -unos 80- se oponen a la huelga, según han informado fuentes de este organismo judicial.
