El magistrado juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Region de Murcia a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público, por retrasar de forma maliciosa la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.
La condena aprecia el agravante de desprecio a la orientación sexual de la adoptante e incluye una indemnización de 6.000 euros y el pago de las costas, también las de la acusación particular
El fiscal y la acusación particular habían solicitado en sus conclusiones provisionales 18 y cuatro años, respectivamente, de inhabilitación, aunque en la última sesión del juicio, el pasado día 3, dejaron a criterio de la Sala el que pudiera imponer una pena inferior si apreciaba que Ferrin había cometido este delito no de forma intencionada sino por imprudencia.
Gran alegría saber que por lo menos, durante dos años este "señor" no podrá aplicar sentencias de conciencia. El problema que se nos plantea es que hacer cuando usted haya pagado su sanción. ¿seguirá aplicando la ley conforme a lo que sus pensamientos personales le indiquen ? ¿ O bien, podrá ejercer su carrera como lo hacen muchos de sus compañeros honesta y honradamente? "Señor" calamita es usted un caso.
Hay que ver lo que cuesta condenar dentro del gremio. La calamidad que recorre la Región de Murcia es increible. 45 Municipios en total, de los que 10 alcaldes están procesados por corrupción, 12 concejales de urbanismo también, decenas de otros concejales, lo mismo (nunca los informes de la Comunidad Autónoma descubrieron nada, tuvo que ser la fiscalía): y ahora les cae a los murcianos otra calamidad. Y esto no tiene pinta de cambiar; el PP lo tiene claro con los suyos aplicando aquel famoso dicho de "mata al rey y vete a Murcia".
Bueno, al menos vamos a descansar una temporada en Murcia del señor Calamita. Espero que quien le sustituya demuestre una mayor altura moral y sepa cumplir con honestidad la tarea que la sociedad le encomienda.
Como puede la señora portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, decir que fué un retraso injustificado por una desatención leve.... pero si hubo un resultado de muerte, hay que pedirle responsabilidades al causante de este hecho y leve como puede ser la falta, en un retraso de dos meses de un individuo, peligroso, condenado y en consecuencia desenlace de muerte. Mal vamos, si el poder judicial, actúa de esta manera, cada vez creemos menos en ellos y eso es malo para un Gobierno Democrático.
El retraso en la ejecucción de sentencias es por desgracia muy generalizado en los juzgados de 1ª y 2ª instancia, incluso en casos de gente tan peligrosa como el tal Santiago Del Valle,(un articulo del Pais de hace unos meses lo denunciaba). Creo que es eso lo más urgente de corregir para que esto no vuelva a suceder. Este juez en concreto(y la familia de Mari Luz) han tenido la mala suerte de que este tipo reincidió pero el tema en general es preocupante para todos los ciudadanos. Exigir garantias y celeridad en el cumpliento de las sentencias.
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