Los dos empresarios detenidos el viernes por la noche por el presunto pago del denominado 'impuesto revolucionario', José Javier Azpiroz Noain y Juan María Saralegui Caballero, han sido puestos en libertad con cargos tras negar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska el pago de cualquier chantaje. El fiscal no ha pedido medidas cautelares contra estos dos empresarios.
Tras dos días incomunicados, los dos empresarios navarros detenidos por orden del juez Marlaska acusados de pagar el llamado 'impuesto revolucionario' han quedado en libertad.
El fiscal encargado del caso, Juan Antonio García Jabaloy, no ha pedido la adopción de ninguna medida cautelar contra estos empresarios, ni prisión ni fianza. Pese a eso, el juez de la Audiencia Nacional les mantiene como imputados por presunto delito de colaboración con banda armada.
Según el abogado de los dos socios de Construcciones Azpiroz y Saralegui S.L. que fueron arrestados a raíz de la operación hispano-francesa llevada a cabo la semana pasada contra el aparato de extorsión de ETA, ambos han negado la acusación. El letrado ha explicado que José Javier Azpiroz Noain y Juan María Saralegui Caballero están "rotos" física y moralmente tras su detención.
El juez Grande-Marlaska les ha mostrado un recibo intervenido a la banda en el que aparece una indicación según la cual los terroristas dan por pagada su deuda. Los empresarios han argumentado que si ellos hubieran pagado el llamado 'impuesto revolucionario', lo normal sería que tuvieran el recibo en su poder.
Trama de extorsión
Grande-Marlaska decretó la libertad sin fianza pero con comparecencias semanales ante el juzgado más próximo a su domicilio para Ignacio Aristizábal Iriarte. El jueves y el viernes por la noche, el magistrado ordenó el ingreso en prisión incondicional de Jean Pierre Harocarena Camio, alias "Txampiñon", y de José Carmelo Luquín, por presunta itegración en organización terrorista.
La operación contra el aparato de extorsión de ETA ha sido desarrollada conjuntamente por Grande-Marlaska y por la juez francesa Laurence Le Vert.