El juez envía a prisión al alcalde de Polop y le imputa un delito de asesinato

Juan Cano se ha acogido a su derecho a no declarar

CADENA SER/ EUROPA PRESS   26-11-2009

La juez de Vila Joiosa (Alicante) ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para el alcalde de Polop (Alicante), Juan Cano (PP), y le ha imputado un delito de asesinato en relación con el crimen de su antecesor, Alejandro Ponsoda (también del PP), en octubre de 2007.

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    El detenido ha comparecido ante la juez a las 13.30 y se ha acogido a su derecho de no declarar, por lo que se ha acordado su traslado a un centro penitenciario por orden judicial. El ex alcalde mantiene la condición de imputado por un delito de asesinato. Además, la causa, abierta por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, sigue declarada secreta.

    Tiroteado en la puerta de su casa

    El hasta ayer alcalde de Polop de la Marina (Alicante) ha llegado a las 7.45 horas al juzgado número dos de la Vila Joiosa en un coche camuflado para prestar declaración, tras ser detenido en la madrugada del martes, por su presunta relación con la muerte de su antecesor, Alejandro Ponsoda, quien ha fallecido tiroteado en la puerta de su casa en octubre de 2007.

    Cano, detenido en su casa de madrugada por la Guardia Civil, pasó hoy a disposición judicial en el juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa (Alicante), ante la mirada de los medios de comunicación y con la ausencia de vecinos.

    Cuando fue detenido, el ya ex alcalde de Polop acompañó a los agentes de la UCO de la Guardia Civil en sendos registros en el Ayuntamiento y en su domicilio particular. Después, se lo llevaron arrestado, sin esposar, y con un ordenador portátil requisado. Tras conocer la detención de Cano, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular decidió suspenderle cautelarmente de militancia.

    La relación de Cano con la muerte de su antecesor era una de los rumores que circulaban hasta el punto de que él mismo compareció para anunciar su intención de personarse en la causa y amenazar con acciones legales contra los medios de comunicación que apuntaron esta posibilidad.

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