El juez de la audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido enviar una parte de la investigación del 'caso Gürtel' a los juzgados de Alcalá de Henares en Madrid al considerar que la competencia para investigar presuntos delitos de fraude y prevaricación en las contratas de mantenimiento del consistorio son competencia de los juzgados locales.
El juez Pablo Ruz se ha inhibido de la parte del sumario 'Gürtel' que afecta a los contratos de mantenimiento integral de la capital alcalaína a la empresa Hispánica S.A.
A propuesta de la fiscalía anticorrupción, el magistrado considera acertado que sean los juzgados del municipio de Alcalá de Henares quienes revisen los presuntos delitos cometidos en los contratos de obra adjudicados a esta empresa, Hispánica S.A..
En el sumario consta un informe pericial que asegura que "la tramitación, valoración y adjudicación de estos contratos han sido arbitraria y subjetiva". En el año 2004, la constructora Hispánica S.A. ganaba todos los concursos públicos desde el asfaltado de calles hasta la edificación del parque de Bomberos.
El informe pericial desvelado por la Cadena SER en marzo del año pasado presentaba unas conclusiones que dejaban claro la forma de adjudicación y el aumento artificial de los costes.
Más caro y 'a dedo'
La corporación alcalaína, sostienen los peritos, concedió en 2004 el contrato de construcción del parque de Bomberos a esta empresa cuando la oferta de Hispánica no era ni la más barata ni tampoco la que mejor calidad presentaba. El coste de la obra ascendía a 4.485.000 euros, pero un cambio de las calidades elevo ese precio en casi 700.000 euros.
De la misma manera la red operó en el concurso para la reforma de los pavimentos del municipio. La oferta de Hispánica era la tercera en precio y calidades. No obstante logró hacerse con esas obras que tenían un presupuesto de casi 5 millones de euros. Una vez más, según las conclusiones periciales, se modificó el precio final al alza con un sobrecoste de medio millón de euros.
Según los investigadores la red 'Gürtel' pudo obtener casi 10 millones de euros del Ayuntamiento alcalaíno en contratos de obras bajo sospecha.
