El plan de reforma de las competencias lleva sobre la mesa del Ministerio de Justicia tres años, pero es ahora cuando se quiere impulsar tras el conflicto diplomático generado por el proceso abierto contra Israel.
Cuando se lleve a cabo esta reforma, causas como la abierta por el juez Fernando Andreu serían imposibles en España.
Esto no significa que la reforma tenga carácter retroactivo, en ello se insiste desde Moncloa, un dato al que hay que sumar la actitud de la Fiscalía, favorable con el desarrollo de una causa, que para fuentes del Ministerio Fiscal consultadas por la Cadena SER, se trata de un caso de crímenes de guerra 'de libro'.
Israel sólo tiene ahora una salida para evitar a la justicia española; demostrar que en su territorio ya hay abierta otra investigación judicial por los mismos hechos.
La reforma de la Ley del Poder Judicial intentaría reducir las competencias de la Audiencia Nacional. Para juzgar delitos calificados como genocidio deberá someterse a una serie de condiciones basadas en que exista un nexo que una los casos con España:
Esas condiciones serían básicamente tres:
• Que los implicados sean españoles
• Que los acusados del delito hayan sido detenidos en nuestro país
• O que existan evidentes vínculos culturales o históricos del caso con España
De aplicarse la reforma no podrían abrirse procesos como los existentes contra varios soldados de Israel o el vinculado a la secta china Falun Gong. Aunque, eso sí, desde Moncloa se insiste en que las medidas no tendrían carácter retroactivo.
Asimismo, fuentes jurídicas consultadas por esta emisora asegura que se evitarían problemas diplomáticos con países implicados en estos procesos abiertos por la Audiencia Nacional.
