La nueva redacción de la Ley de la Memoria Histórica aprobada ayer por la ponencia del Congreso insta a ayuntamientos, instituciones y particulares a retirar los símbolos franquistas y de exaltación de la Guerra Civil, y establece la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan retirarles las subvenciones y ayudas si no lo hacen.
La ponencia de la Comisión Constitucional encargada de informar sobre este proyecto se reunió en la tarde de ayer en el Congreso y acordó mayoritariamente elevar a la comisión un texto propuesto por el grupo socialista, que incorpora algunas novedades surgidas de su negociación con los otros grupos parlamentarios.
El documento contó con el visto bueno de todos los ponentes, con excepción de los representantes del PP, que rechazan frontalmente su contenido, y de ERC, formación que considera insuficientes sus medidas y por ello se abstiene sin oponerse a su tramitación.
