El juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska ha llamado a declarar a 45 testigos en la causa abierta por la contratación del Yakolev-42, entre ellos el actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el que fuera director de la Guardia Civil, Gómez Arruche.
De los 45 testigos, una treintena de ellos son militares, como el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán. En un auto notificado este miércoles, el magistrado -que ha fijado las declaraciones para los próximos meses de septiembre y octubre- también llama como testigos al ex director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, que en el momento de los hechos era segundo jefe del mando aéreo de Levante, al que fue Jefe del Estado Mayor del Ejército, José Antonio García González, y al ex jefe del Ejército del Aíre Eduardo González Gallarza. Además, declarará ante Marlaska el actual comandante del mando de operaciones Andrés Navas, que en el momento de los hechos era jefe de la base aérea de Torrejón.
La agencia contratista de la OTAN
El juez, así mismo, acuerda que se tome declaración a otros dos directores generales de NAMSA, la agencia de la OTAN contratista de los vuelos para el traslado de tropas españolas al exterior. Además, Marlaska solicita centenares de documentos a los ministerios de Defensa y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En esta causa, en la que se investigan las posibles irregularidades en la contratación del avión, hay cinco altos mandos militares imputados por un presunto delito de homicio por imprudencia.
Además, Marlaska ha cursado comisiones rogatorias pidiendo diversos datos a un total de quince países: Luxemburgo, Alemania, Irlanda, Turquía, Líbano, Ucrania, Noruega, Egipto, Yibuti, Kuwait, Turkmenistán, Afganistán, Kirguizistán, Canadá y Estados Unidos.
Petición de informes
El juez también solicita centenares de documentos a los Ministerios de Defensa y de Fomento, al Congreso de los Diputados y Senado, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a varios medios de comunicación, a los que pide una copia de las informaciones transmitidas el día del accidente, el 26 de mayo de 2003, y en las fechas inmediatamente posteriores.
Todas las diligencias acordadas en la resolución notificada hoy habían sido solicitadas por las acusaciones particulares que ejercen los familiares de los 62 militares españoles fallecidos en el siniestro en la causa en la que se investigan las posibles irregularidades en la contratación del avión.
