Cadena ser

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Los grupos parlamentarios de PSOE, PP, CiU y PNV pactaron cambiar la ley para que sólo se puedan abrir procesos por genocidio y lesa humanidad en España en el caso de que existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo "de conexión relevante" con nuestro país o que los presuntos responsables se encuentren en territorio español.

Llamazares censuró esta reforma como "una legislación encargada fundamentalmente por el Gobierno del Israel y bajo presión del Gobierno de Israel al Ejecutivo español", al que ha criticado por "aceptar esa presión modificando su legislación a la carta". "De alguna manera se cambia aquello del 'no a la guerra' por 'sí a la impunidad", añadió durante una jornada de defensa de la Jurisdicción Universal organizada por el grupo parlamentario ERC-IU-ICV, apoyada por varias ONG y celebrada en la Cámara Baja.

"Un día de luto para la justicia internacional "

Por su parte, varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, UGT y Comisiones Obreras o la asociación pro derechos humanos de España, lamentan la falta de un debate transparente y público sobre una reforma. Julia Tamayo, portavoz de Amnistía Internacional, considera que limitar la jurisdicción universal tendrá graves consecuencias para la lucha contra la impunidad. "España ha dado el mesaje de que se preocupa más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que poner fin a la impunidad de que gozan los criminales", ha manifestado

La Coordinadora de ONGs también ha hecho público un manifiesto en apoyo a la jurisdicción universal para pedir al gobierno que no siga adelante con la reforma de la ley orgánica del poder judicial porque "se estaría encubriendo crímenes contra la humanidad o el genocidio".

"Ley de la vergüenza"

Según Llamazares, "da la impresión de que hasta ahora se podía investigar a gobiernos del tercer mundo, pero que cuando se ha llegado a gobiernos con poder a nivel internacional el Gobierno del PSOE se pliega y hace que los Derechos Humanos funcionen para unos y no para otros".

Para el ex dirigente de IU, "no tiene ninguna argumentación lo que hace el Gobierno, que lo hace además con el PP y de manera vergonzante, que es acabar realmente con el respeto y la jurisdicción en materia de Derechos Humanos sea quien sea el gobierno que los vulnere". "Es una vergüenza, creo que ésta se podría llamar la ley de la vergüenza porque se hace de manera oscura y de tapadillo en el Congreso".

Este acto de rechazo a la limitación de la jurisdicción universal se produjo justo un día antes de que el Pleno del Congreso de los Diputados apruebe esta modificación incluida en una ley orgánica complementaria de la reforma de la Ley procesal por la que se establece la nueva Oficina Judicial para su posterior remisión al Senado.

El pasado día 18 la Comisión de Justicia ya aprobó con competencias legislativas plenas los artículos de carácter ordinario, mientras que los que suponen una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) serán sometidos a votación en un Pleno que se celebrará mañana. Entre estos últimos se encuentran la limitación de la jurisdicción universal o la implantación de un depósito económico para la presentación de recursos.

"parece haberla escrito un gendarme"

En el acto participaron también destacados abogados relacionados con causas seguidas en España al amparo de la jurisdicción universal y el magistrado emérito del TS, José Antonio Martín Pallín, quien criticó el modo en el que está redactada la Ley diciendo que "parece haberla escrito un gendarme". "No se si el plan Bolonia lo cambiará", llegó a decir.

Pallín ironizaba así acerca de las palabras que en su día realizó el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Dívar, quien cuestionó el principio de Justicia Universal asegurando que "España no puede convertirse en el gendarme del Mundo". En la actualidad, la Audiencia Nacional mantiene abiertas cerca de una decena de causas en las que se encuentran implicados países como Israel, China, EE.UU, Guatemala o el Salvador, entre otros.

Algunos de los letrados asistentes, como uno de los abogados que ejerce la acusación en la causa contra Israel, Antonio Segura, mostraron su opinión de que la modificación que se aprobará este viernes no responde a presiones extranjeras, sino a la necesidad de detener los procedimientos abiertos contra el franquismo.