La policía interroga esta semana a los detectives implicados en el espionaje al vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González. Según ha podido saber la Cadena SER, agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Comisaría General de la Policía han interrogado a los detectives privados señalados como autores materiales de los informes de patrimonio y negocios y las grabaciones con cámara oculta al vicepresidente madrileño. Los detectives declaran en calidad de testigo y en sede policial con el fin de que expliquen quién encargó y pagó los espionajes.
Es la respuesta policial a los registros que llevaron a cabo agentes de la Unidad de Delitos Económicos en diferentes despachos el pasado mes de octubre, en base a un informe de la UDEF que detallaba la posible implicación de cada una de las agencias. Dicho informe fue remitido al titular del Juzgado número 47 de Madrid, el magistrado José Sierra, que instruye el caso.
La policía judicial ha citado esta semana y en calidad de testigo a los directores de tres agencias de detectives. El pasado lunes declaró en sede policial el director de la agencia Mira Detectives con sede en Madrid. El martes 17 de noviembre lo hizo durante toda la mañana el director de Método 3. En los próximos días lo hará un responsable de una agencia señalado como el posible autor del video con cámara oculta en Colombia.
Según fuentes de la Fiscalía Provincial de Madrid, los interrogatorios van dirigidos a que los empresarios expliquen quién encargó los espionajes. En su día se les pidió por escrito y alegaron que el secreto profesional les permitía no revelar sus fuentes de ingresos. De momento, según ha podido saber esta emisora, los presidentes de las dos agencias en el punto de mira se han negado en sus declaraciones a revelar datos que esclarezcan el caso.
Fuentes policiales cercanas al caso aseguran que la investigación por un delito de revelación de secretos del vicepresidente regional Ignacio González y el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, podría archivarse por la falta de colaboración de los implicados. Además, el juez Sierra que instruye el caso no amplió las diligencias a una posible malversación de fondos públicos para averiguar quién ha pagado dichos informes. En total, uno de patrimonio y negocios de González, otro de las mismas características de De Miguel, y un seguimiento de varios días en Colombia.
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Lo grave no es quien espió a González e Ildefonso, sino qué hacían estos dos cargos públicos de la Comunidad de Madrid reunidos con narcos en Colombia y entrando y saliendo con bolsas de playa "desinchables" en bancos y casas privadas.
¿Hasta qué punto debe de ser sagrado el secreto profesional? ¿Basta con cometer un delito por encargo y no revelar quién lo encargó y ya no hay delito? Por supuesto que un médico, un administrador, un detective o cualquier otro profesional no pueden ir contando ni vendiendo ni publicando secretos ni datos de sus clientes, pero ante la policía y el juzgado eso ya es otro cantar, especialmente ante el juzgado. Debe prevalecer el interés de la justicia. También debe de ser posible hacer revelaciones en secreto, esto es, con la condición de que no se desvelarán al público. ¿Está esto regulado? ¿Dónde empieza la falta de colaboración con la justicia? ¿Cómo se protegen los datos de terceros inocentes?
Ya era hora de que la policia indagase sobre aquel extraño caso de espionaje, video incluido del Vice-presidente de la Comunidad de Madrid y fallido aspirante a la direccion de Caja Madrid y mano derec ha de Dña. Esperanza. El asunto, cuando menos parece muy oscuro y pide a gritos se clarifique tan extraño viaje. La justicia, de momento, ni esta ni se la espera. Tampoco esto parece normal.
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