El presidente del PP en Melilla, Arturo Esteban, ha negado que su formación esté implicada en una presunta trama de compra de votos investigada por la Guardia Civil, y ha asegurado que "no da beneficencia ni mercadea" con las papeletas electorales. Según Esteban, se trata de un "invento" y una "maraña de vergüenzas y calumnias".
En las últimas elecciones municipales, el PP logró la mayoría absoluta con 15.440 votos (el 55% del total) y 15 concejales. El plazo para votar por correo en las del próximo domingo finalizó ayer. Poco después, la Guardia Civil entraba en un centro de formación de la ciudad autónoma dependiente de la consejería de Educación, Juventud y Mujer con una orden del juzgado de Instrucción número 5, que decidió investigar una denuncia presentada por Coalición por Melilla (la segunda fuerza política más votada en la ciudad autónoma).
La Guardia Civil investiga si el PP pagó a vecinos de la ciudad autónoma vales de comidas de 60 euros a cambio de que votasen por correo al PP. En el centro registrado se han hallado vales de comida a nombre de hasta 25 ciudadanos, firmados por el viceconsejero de Asistencia Social, Hassan Driss Buyemaa, número 19 en la candidatura del PP a las elecciones del domingo.
Arturo Esteban ha asegurado que su partido "no tiene vinculación con el tema y no hace esas cosas", aunque ha reconocido que no puede pronunciarse sobre la investigación de la Guardia Civil ("no me han pasado el atestado"). Ha explicado Esteban que las ayudas en forma de vales de comida las da el Gobierno autonómico desde hace años, "también cuando no hay elecciones", y la mitad de las veces los beneficiarios no tienen derecho a voto.
Junto a los vales para alimentos, en el centro de formación se encontraron documentos de la solicitud del voto por correo de sus beneficiarios, su certificado censal y, en al menos ocho casos, el sobre con papeletas de las distintas formaciones. Coalición por Melilla denunció ante la Fiscalía las supuestas maniobras del Gobierno del PP en la ciudad para comprar votos desde dependencias públicas como el citado centro. La Fiscalía apoyó la investigación de la denuncia y el juez la autorizó.
