La investigación se inició a raíz de la denuncia de una de las mujeres explotadas por la red. La joven se decidió tras sufrir una agresión sexual. Con la denuncia la policía pudo arrancar la investigación. Hay ocho detenidos en Huelva y Madrid, provincias donde explotaban a las mujeres en locales de alterne y domicilios.
El grupo de proxenetas desarticulado por la Policía Nacional además de explotar a las mujeres sexualmente les obligaba a firmar un contrato por el que perdían sus propiedades, generalmente su casa en el país de origen, si no hacían frente a la deuda contraída con la organización. Para llegar a España, los proxenetas facilitaban a las chicas una guía para cruzar con éxito los puestos fronterizos del espacio Schengen, escrito en el que indicaban las respuestas apropiadas a las preguntas que suelen hacer los agentes.
Normalmente utilizaban el aeropuerto de Milán para entrar en Europa y, una vez llegaban a España, eran obligadas a ejercer la prostitución en dos locales de alterne de Huelva, Madrid y domicilios privados donde las llevaban los miembros de la banda. La Policía asegura que las mujeres recibían constantes amenazas, eran víctimas de lesiones físicas e incluso violaciones para obligarlas a prostituirse.
Hay ocho detenidos, los agentes han intervenido además de dinero en efectivo, material informático y documentación relacionada con los delitos investigados, cuadernos con anotaciones del control sobre la explotación de las mujeres.
Denuncia clave
La investigación se inició en Huelva a raiz de la denuncia de una de las mujeres explotadas que, tras sufrir una agresión sexual por parte de uno de los proxenetas, se atrevió a acudir a la policía. A los agentes les contó, según ha informado la Dirección General de la Policía, cómo contactó desde su país de origen con una compatriota que a su vez le puso en contacto con un miembro de la red. La joven, una vez estableció contacto y decidió trasladarse a España, contrajo la deuda con el grupo por los gastos de desplazamiento.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Central contra las Redes de Inmigración y las brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras de Madrid y Huelva.
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cada dia lo mismo realmente son una plaga que hay que exterminar va a costar pero no hay otra mas tiempo de carcel seguro que ayudaria al exterminio de esta plaga.
Hace falta rigor y severidad con los culpables. Que no entren por una puerta y salgan por la otra, y que paguen sus responsabilidades civiles e indemnizaciones correspondientes a las víctimas. Sin pago no hay beneficios penitenciarios. Sin devolución o restitución de lo robado no debe haber ningún beneficio penitenciario.
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