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El Supremo archiva la denuncia de un sindicato policial contra Cayo Lara y Alberto Garzón

Ampara en la libertad de expresión sus críticas la actuación policial durante las manifestaciones del 25-S frente al Congreso de los Diputados

ALBERTO POZAS / GLÒRIA MENA   06-03-2013 - 12:18 CET

El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia interpuesta por la Confederación Española de Policía contra los miembros de Izquierda Unida Cayo Lara y Alberto Garzón por sus críticas a la actuación policial durante las manifestaciones del 25-S "Rodea el Congreso" frente al Congreso de los Diputados. Según el tribunal, las declaraciones de los aforados, que opinaron que había existido "un exceso policial brutal en las calles", no son constitutivas de un delito de calumnias.

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El Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia que la Confederación Española de Policía interpuso contra el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, y el diputado Alberto Garzón, por las críticas que hicieron a la actuación policial en las manifestaciones del 25-S "Rodea el Congreso" frente al Congreso de los Diputados. Tanto Lara como Garzón habían sido denunciados por un supuesto delito de calumnias por señalar que "el normal funcionamiento de los Diputados y Diputadas se vio perturbado por la policía y no por los manifestantes" y denunciar también "un exceso policial brutal en las calles que no atendía a ninguna lógica", en referencia a los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes durante la jornada de protesta.

En el auto, la Sala de lo Penal ordena el archivo de la denuncia del sindicato policial, y señala que "para la existencia de un delito de calumnias no basta con achacar genéricamente hechos constitutivos de infracción penal, sino que esa imputación debe hacerse de modo específico". A este respecto, señala que en este caso los dos políticos "no se describen conductas individuales de integrantes de la policía ni se concreta un funcionario policial".

Este auto de la Sala de lo Penal que archiva la denuncia señala que "las personas públicas que ejercen funciones públicas están obligadas a soportar cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general". Algo que, según el Tribunal Supremo, está requerido por el pluralismo político, "para no correr el riesgo de hacer del Derecho Penal un factor disuasorio de la libertad de expresión, algo indeseable en un Estado democrático de derecho".

Señala igualmente que las declaraciones de Cayo Lara y Alberto Garzón "tienen que ponderarse en el contexto de un debate o contienda pública y política sobre unas cargas policiales en los alrededores del Congreso que afectaban a los intereses de la ciudadanía".

Alberto Garzón: "Era una denuncia absurda para meter miedo a los ciudadanos"

En declaraciones a la Cadena SER, Alberto Garzón se ha mostrado satisfecho con el archivo de esta denuncia, señalando que "era de esperar, porque no tenía ni pies ni cabeza, era una denuncia absurda cuyo único objetivo era meter miedo a la población". Garzón ha añadido que "todo el mundo sabe que hay infiltrados en las manifestaciones y la misma policía lo aceptó, y por tanto sólo se puede interpretar que se hizo para atemorizar a los ciudadanos".

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