La sala de lo social del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de instancia y ha ordenado a la Caja de Toledo a readmitir a un empleado de sus oficinas centrales, que fue conminado a firmar la baja voluntaria. El Alto Tribunal rechaza el recurso de la Caja porque no aprecia falta de contradicción en la sentencia de contraste.
Julio trabajaba en la división de préstamos de la Caja Rural de Toledo, en las oficinas centrales. Un día de febrero de 2010, le convocaron a una reunión con varios directivos de la Caja para comunicarle que había cometido "graves irregularidades", que se podría proceder penalmente y se le conminó, según él, "bajo coacción" a firmar un documento "cuyo contenido desconocía, del que no le dieron copia y sin dejarle consultar con algún representante sindical o con su abogado". Era su baja voluntaria.
El Tribunal de Justicia de Castilla la Mancha ordenó que fuera readmitido en su puesto porque "la voluntad del actor estaba viciada por las circunstancias en las que se desarrolló la reunión sin tiempo para considerar la decisión y con temor a las posibles decisiones de la empresa en orden al despido disciplinario o a iniciar acciones penales".
La sala de lo social del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de instancia. Los magistrados no entran en el fondo porque en su recurso, la Caja de Toledo ha sido incapaz de presentar una sentencia de contraste que demuestre que ha habido algún fallo en sentido contrario de algún Tribunal Superior de Justicia sobre hechos similares.
