El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencias presentado por el Gobierno central contra la subasta de fármacos de la Junta de Andalucía, lo que implica que se suspende la resolución de la Consejería de Salud andaluza sobre la convocatoria para la adjudicación de los medicamentos recetados por principio activo.
Esta admisión a trámite implica que se suspende la convocatoria para la adjudicación de los medicamentos recetados por principio activo. La Junta tiene 20 días de plazo para aportar las alegaciones desde el momento que reciba la notificación de la providencia que todavía no tiene .
La consejera de Salud, María Jesús Montero, criticó en su día esta decisión del gobierno de recurrir al constitucional la subasta. Dijo que era un castigo a Andalucía por los resultados de las elecciones autonómicas que han dado el gobierno a la izquierda.
La Junta esperaba ahorrar 40 millones este año con esta medida.
