Treinta presos de ETA han presentado o tienen previsto hacerlo un recurso contra la doctrina 'Parot' ante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según ha informado hoy la portavoz del movimiento a favor de los derechos de los presos de ETA Herrira, Amaia Esnal.
Esnal ha comparecido en una rueda de prensa en Bilbao junto a Manu Ugartemendia y Paco Letamendia, también portavoces del colectivo, y varios exreclusos etarras a los que se les aplicó la doctrina 'Parot' para opinar sobre la sentencia emitida ayer por el Tribunal de Estrasburgo sobre la citada doctrina.
En ese fallo el tribunal europeo establece que la doctrina 'Parot' se aplicó de forma irregular a la etarra Inés del Río y se reclama su excarcelación, aunque el Gobierno ya anunció ayer que recurrirá la sentencia y no liberará a la reclusa.
Este miércoles, Esnal ha considerado que no acatar la sentencia del tribunal europeo -que no es vinculante- "sería un escándalo y cuestionaría la talla democrática del Estado español".
Esnal en euskera y Ugartemendia en castellano han afirmado que mantener en la cárcel a Del Río "además de ser una grave injusticia, hoy en día es ilegal" y han defendido que "el siguiente paso lógico en un Estado democrático es dejar sin efecto la doctrina 'Parot' y poner en libertad a los reclusos de la banda afectados por ella.
Esta doctrina, que recibe su nombre del miembro de ETA Henri Parot -el 28 de febrero de 2006 vio cómo su recurso ante el Tribunal Supremo se convirtió en la doctrina que hizo que varios presos de la banda, y algunos comunes, vieran retrasada su salida de prisión- obliga a descontar los beneficios penitenciarios del total de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo.
Según los datos de Herrira, la doctrina 'Parot' ha sido aplicada a más de 80 presos etarras, de los que 67 continúan en prisión. Por el momento, 30 de estos reclusos han presentado o tienen previsto hacerlo un recurso contra la doctrina ante la justicia europea.
Esnal ha explicado que de los que continúan en prisión, 13 aún no han terminado su condena pero se les ha anunciado que se les aplicará la doctrina y, por tanto, no tienen fecha de salida de la cárcel, y los 54 restantes ya han cumplido su condena inicial y están ahora cumpliendo con la pena añadida tras la aplicación de la doctrina.
Ambos portavoces han subrayado que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es "clara y contundente" y que ofrece "una oportunidad incomparable al Gobierno español de dar pasos en positivo" y derogar la doctrina 'Parot' para así "comprometerse con las vías democráticas para alcanza la solución y la paz".
Por su parte, Paco Letamendia, que también es profesor de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, ha dicho al Gobierno que "es el momento de darse cuenta de que con el pretexto de la política antiterrorista se ha producido una degeneración democrática".
Letamendia -'Ortzi', quien fue también diputado de Herri Batasuna- ha defendido que, tras el anuncio de ETA de cesar su actividad, "es el momento de la regeneración democrática y de la profundización de los derechos humanos.
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Sin entrar a disculpar o justificar a Inés del Río y similares, está claro que un Estado de Derecho -que debe distinguirse de la ley de la selva de los terroristas- no puede aplicar normas penales con carácter retroactivo ni privar a ningún tipo de recluso, según cuales sean sus delitos, de los beneficios de la remisión de penas, so riesgo de incurrir en discriminación y en desigualdad frente a la Ley. El Gobierno se equivoca con una postura que sólo hará que crear "mártires gudaris" y provocará un aumento sustancial de votos a favor de Amaiur, Bildu, Sortu o como se llamen. La ceguera política es total.
Yo creo que ademas de soltarlos habría que darles la medalla al merito militar con distintivo rojo al valor que, ademas, les da derecho a pensión del Estado.Y hasta que se jubilen deberían colocarlos en algún puesto de confianza con un sueldo que les permita vivir decentemente.
Durante muchos años Europa fue cómplice de los terroristas de ETA. Esta sentencia vuelve a las andadas. Por qué no descontar beneficios del total de las penas, parece lo lógico y justo?
España, una vez más, ha vulnerado todos los acuerdos internacionales en materia de interpretación de la ley. Esta sentencia solo demuestra, otra vez, la caverna judicial de la que nos hemos dotado. Encima el gobierno va a gastar más dinero en un recurso perdido de antemano.
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