El presidente de la compañía, Juan Miguel Villar Mir acudió a Manuel Fraga, cuando éste presidía la Xunta gallega, para que le ayudara a controlar ERIMSA. Esta empresa gestionaba una mina de cuarzo en Galicia afectada por las expropiaciones del AVE. Años más tarde, el grupo Villar Mir pidió una indemnización de casi 900 millones de euros.
En una carta firmada a principios de 1996, Villar Mir le expone a Manuel Fraga los problemas que sus empresas están encontrando para controlar ERIMSA. Esta sociedad estaba participada por Villar Mir y un grupo de inversores noruegos que eran los que tenían el control de la empresa.
Adviertiendo de los problemas que podía comportar para la economía gallega mantener esta situación, Villar Mir le pide a Fraga que, de manera urgente y haciendo uso de sus competencias administrativas, actúe para poder tener mayor capacidad de control en la empresa y para que se le adjudique la concesión de otro yacimiento de cuarzo de gran calidad.
En la carta, Villar Mir, para presionar a Fraga, le recuerda que Noruega está expulsando de sus aguas a los pesqueros de Galicia y que, en cambio, podían seguir explotando las minas de cuarzo españolas.
Años más tarde, en 2000, la sociedad entre Villar Mir y los inversores noruegos se escindió. Villar Mir se quedó con la mina de cuarzo de Serrabal, afectada por el trazado del AVE a Galicia. Por esta expropiación el empresario llegó a pedir 895 millones de euros de indemnización. Aunque el Gobierno socialista ha decidido la expropiación forzosa por cinco millones de euros.
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