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El Partido Comunista Chino (PCCh) ha aprobado la inclusión en la Constitución de una cláusula específica sobre la defensa de los Derechos Humanos. "El Estado respeta y protege los derechos de su pueblo", señala la nueva resolución aprobada por el Comité Central del PCCh en su plenario anual celebrado a mediados de octubre.
Según Jia Chunwang, presidente de la Fiscalía, la nueva cláusula ya ha sido acuñada en la Carta Magna, aunque queda a expensas de un mero formalismo, su aprobación por la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) en marzo del próximo año.
La protección de los derechos humanos ha sido un tradicional punto de fricción entre Pekín y los Gobiernos occidentales, especialmente en relación a la sistemática aplicación de la pena de muerte y la persecución religiosa (Falun Gong, Tíbet, Xinjiang).
Estas discrepancias quedaron una vez más de manifiesto en el último informe publicado esta semana por la organización Amnistía Internacional (AI), que acusó a China de "graves abusos" en este terreno.
”UN GRAN PASO”
Con todo, a juicio de fiscal general del Estado la decisión del PCCh es "un gran paso en el camino de la protección de los derechos humanos y el progreso social de nuestro pueblo".
China, que considera "infundadas" las críticas sobre flagrantes violaciones vertidas por las cancillerías occidentales, mantiene que proteger los derechos humanos consiste en satisfacer las necesidades materiales de su población.
Mientras, los expertos se muestran escépticos sobre el impacto de las nuevas enmiendas a la Constitución en la vida diaria de los chinos, debido a la ausencia de un poder judicial independiente y una prensa libre.
"La Constitución china ya contempla la protección de los derechos humanos, pero también recoge la dictadura del Partido Comunista", indicó Nicholas Becquelin, director del grupo independiente Derechos Humanos en China.
El presidente de China, Hu Jintao -que se ha mostrado en sus primeros meses al frente del Gobierno como un constitucionalista convencido-, pretende que el comportamiento de los dirigentes chinos se guíe única y exclusivamente por la ley.
Sin embargo, los observadores ponen en duda que las reformas de la Constitución puedan acabar con las tendencias arbitrarias que caracterizan el comportamiento de los funcionarios chinos desde tiempo inmemorial.
A pesar de la presión diplomática exterior, el Parlamento chino nunca ha llegado a ratificar la Convención de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
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