El gobierno francés ha asumido como propia la iniciativa de su mayoría parlamentaria y el Parlamento aprobará la semana que viene la introducción de la prueba ADN en las demandas de reagrupamiento familiar.
Reunidos en comisión mixta, representantes del Senado y la Asamblea Nacional han llegado a un acuerdo para mantener la redacción del texto legal aprobado la semana pasada por la Cámara Alta y que limita sobremanera la medida: la prueba de ADN será voluntaria y financiada por el Estado. Sólo podrá hacerse a las madres inmigrantes que quieran que sus hijos vengan a Francia y deberán someterse a un control judicial.
Muchos países, como los del magreb, quedan excluidos del trámite por lo que, en la práctica, sólo se aplicará a una minoría de inmigrantes procedentes del Africa subsahariana y Asia.
No obstante, el principio continúa siendo contestado por asociaciones de defensa de los derechos humanos y la oposición de izquierdas. El PS ha anunciado que recurrirá la media ante el Consejo Constitucional y ha invitado a sumarse a la iniciativa a los centristas de François Bayrou e, incluso, a parlamentarios de la mayoría de derechas.
