El segundo informe del Consejo de Europa sobre las actividades de la CIA en territorio europeo no sólo endurece el tono acusador contra todos aquellos que actuaron en connivencia con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en su 'guerra contra el terror', sino que además apunta directamente a la OTAN. El informe del relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre este asunto, el suizo Dick Marty, desvela que EEUU y sus aliados de la OTAN llegaron a un acuerdo secreto en octubre de 2001 para encubrir las actividades de la CIA, además de tener evidencias de que tanto Polonia como Rumanía sabían de la existencia de cárceles secretas en su territorio.
En su informe sobre Presuntas detenciones secretas y translados ilegales entre Estados que implican a miembros del Consejo de Europa, el parlamentario suizo acusa también a Reino Unido y Tailandia de haber colaborado con la actividades de dudosa legalidad de la CIA, y a Alemania, Italia y Macedonia de haber obstruido los sucesivos intentos de iniciar investigaciones parlamentarias en torno a los vuelos secretos y las cárceles estadounidenses. Sin embargo, la OTAN salió al paso de la información y se apresuró a negar este extremo del Informe Marty.
Según el mismo documento, EEUU y sus aliados de la OTAN llegaron a un acuerdo secreto en octubre de 2001 en virtud del cual se fijaba el marco legal para que la CIA pudiera mantener retenidos a "detenidos de alto nivel" en Europa sin ningún tipo de traba legislativa. Estos detenidos permanecieron en centros de detención secretos tanto en Polonia, en la localidad de Stare Kiejkuty, y en Rumanía, entre 2002 y 2005. Además, según Marty, tanto el ex presidente polaco Aleksander Kwasniewski, como el ex presidente rumano Ion Iliescu, sabían de la existencia de esos centros de detención en sus territorios y los autorizaron.
En el caso concreto de Rumanía, el informe que el parlamentario suizo hizo público hoy asegura que lo servicios de inteligencia militares de dicho país ayudaron a crear una "zona segura" en el Sureste del país. Allí, la CIA y las fuerzas estadounidenses implicadas en estas operaciones podían hacer aterrizar los vuelos y usar las instalaciones sin dificultades. En el caso de los vuelos que llegaron a Polonia, Marty habla de complicidad de los controladores aéreos polacos y desvela que fue en este país donde aterrizó el avión que trasladó a Jalid Sheij Mohamed, el cerebro de los atentados del 11-S, desde Kabul a Szymany el 7 de marzo de 2003.
Detenidos, perseguidos, desaparecidos
Según explica Marty en su nuevo informe, "lo que anteriormente eran una serie de alegaciones está ahora probado: grandes cantidades de personas han sido secuestradas de varios lugares en todo el mundo y trasladadas a países donde han sido perseguidas y donde se sabe que la tortura es una práctica común".
"Otros han sido detenidos arbitrariamente, sin ningún cargo preciso en su contra y sin supervisión judicial, denegándoseles la posibilidad de defenderse y otros simplemente han desaparecido por periodos indefinidos y han sido detenidos en cárceles secretas, incluso en países miembros del Consejo de Europa", subraya.
La CE, muy preocupada
Por su parte, la Comisión Europea se mostró "muy preocupada" por las conclusiones del ''Informe Marty'' y, aunque mantuvo la prudencia hasta hacer un "análisis" del documento, Bruselas reiteró, en un comunicado, su punto de vista de que "las actividades terroristas deben conducirse en pleno respeto de los derechos fundamentales y del principio del Estado de Derecho", puesto que "cuanto más firmemente" se apliquen, "mayores posibilidades habrá de ser eficaces en la lucha contra el terrorismo".
El comunicado recuerda también que "las prácticas referidas como rendiciones o detenciones secretas constituyen una violación de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos y en la Carta Fundamental de Derechos Humanos de la UE".
Dado que la Comisión no tiene poder jurídico para investigar este tipo de hechos, el comunicado reclama que los países implicados "comiencen o continúen investigaciones de profundidad, independientes e imparciales para establecer la verdad, sea ésta la que sea" y recuerda que ésta es una obligación que se deriva de la Convención Europea de Derechos Humanos.
