El parlamento francés vota hoy la polémica ley de inmigración que autoriza pruebas de ADN para los aspirantes a la reagrupación familiar. El texto, por cierto, incluye una enmienda que permitirá la regularización de trabajadores "sin papeles", una medida que Francia criticó mucho cuando se hizo en nuestro país.
La ley dispone que la prueba de ADN sea voluntaria, financiada por el Estado y que se realice bajo control judicial. Afectará a los inmigrantes del África subsahariana y especialmente, de algunas regiones de Asia. Los procedentes del Magreb, están excluidos de este trámite.
El texto recoge la regularización de los indocumentados que trabajan en este momento y de manera ilegal en empresas francesas. El Gobierno insiste en que es una medida excepcional y que no traerá en ningún caso un proceso de regularización masiva. La enmienda afectaría a los entre 200 y 400.000 inmigrantes que trabajan de forma irregular en ese país.
