Con el apoyo de la mayoría, la nueva ley sobre el control de la inmigración ha sido aprobada definitivamente por la Asamblea Nacional y deberá serlo esta noche por el Senado.
Sin embargo, sus opositores no cejan en su empeño de ver suspendida la medida más polémica: la introducción de una prueba de ADN voluntaria para las mujeres inmigrantes que quieran reagrupar a sus hijos en Francia.
El Partido Socialista ya ha anunciado un recurso ante el Consejo Constitucional y la petición popular ha sido suscrita por 250.000 personas.
La nueva normativa, la primera de la era Sarkozy, introduce además una prueba para evaluar el nivel de francés y conocimientos sobre la República para los aspirantes a un visado.
Asimismo, abre la puerta a una nueva regularización de "sin papeles" que demuestren tener un empleo o promesa de ello en una región o en uno de los sectores ?como la hostelería o la construcción- con dificultades para reclutar mano de obra. Organizaciones de defensa de los "sin papeles" esperan presionar ahora en la calle para que la regularización sea generalizada.