La Corte Penal Internacional trata de contactar con cuatro funcionarios de la corte, en manos de una milicia local libia desde el jueves. Entre ellos hay un español.
La Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) ha enviado un segundo equipo a Trípoli para tratar de lograr la liberación de los cuatro funcionarios detenidos de forma ilegal por la milicia de la ciudad de Zintan.
Los cuatro funcionarios llegaron el pasado jueves para visitar a Saif al Islam, el hijo de Muamar Gadafi, detenido en una cárcel controlada por esa milicia, que no obedece instrucciones del debilitado gobierno central. Desde ese día no se ha podido establecer contacto con ellos.
Entre los detenidos de forma ilegal se encuentra el zaragozano Esteban Peralta, que trabaja para la Corte Penal Internacional desde el año 2003. La embajada española en Trípoli está multiplicando las gestiones para tratar de lograr su liberación, pero ni siquiera ha logrado hablar con él.
Según los miembros de la brigada que custodia a Saif al Islam, una de los integrantes del equipo del CPI rompió las normas de seguridad y trató de entregar al detenido una carta y diversos artilugios, lo que la convierte en una espía, según han declarado estas fuentes a la prensa local. Se trata de la australiana Melina Taylor, nombrada por la corte para asistir como abogada del hijo de Gadafi.
La portavoz del CPI, Sonia Robla, desmiente categóricamente la acusación y recuerda en declaraciones a la Cadena SER que "es natural que un abogado intercambie documentos e información con su cliente". "Exigimos la liberación inmediata de los cuatro empleados de la corte" declara Robla "y, antes que eso, acceso a ellos, porque presumimos que alguno de ellos pueda tener problemas de salud". Fuentes de este tribunal internacional temen que los funcionarios se hayan visto atrapados por las luchas de poder entre distintos sectores de Libia. En este país, las milicias locales siguen ostentando la autoridad, muchas veces en abierto desafío al frágil gobierno central.
El zaragozano Esteban Peralta, que trabaja para la Corte Penal Internacional desde el año 2003, es uno de los detenidos por la milicia libia. La embajada española en Trípoli está multiplicando las gestiones para tratar de lograr su liberación, pero ni siquiera ha logrado hablar con él
