El Senado reprueba al fiscal general con la mayoría absoluta del PP y la abstención de socios del Gobierno

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha pedido al Gobierno que lo cese. La iniciativa ha salido adelante por la mayoría absoluta del PP, que ha contado con el apoyo de Vox y UPN, mientras que el PSOE ha votado en contra y no ha recibido el apoyo de sus habituales socios, ya que Junts, ERC, PNV y EH Bildu se han abstenido.

La reprobación de García Ortiz se incluía en una moción promovida por el PP en la que insta al Gobierno a proponer la destitución del fiscal general "ante el incumplimiento de sus funciones" y la designación de otra persona para el cargo.

Además, se produce un día después de que el Tribunal Supremo acordara anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y ordenara que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si es o no compatible que asuma el cargo al ser la pareja del exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de Derechos Humanos.

Se trata del segundo nombramiento anulado por el Supremo, ya que hace un mes el Consejo de Ministros ejecutó la sentencia por la que el propio tribunal --el pasado noviembre-- ordenó también anular el ascenso de Delgado a la máxima categoría como fiscal de sala de lo Militar del TS, al entender que se produjo con "desviación de poder" por parte del fiscal general.

La iniciativa del PP, que respalda Vox y respecto a la cual Junts anunció su abstención, insta al Ejecutivo a proponer "la destitución de forma inmediata" del fiscal general "por el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo". También se emplaza al Ejecutivo a proponer un sustituto de García Ortiz "que cumpla con los requisitos legales para su elección", de forma que se garantice "la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el ejercicio del cargo".

"Regeneración democrática"

Durante el debate, la senadora del PP María José Pardo señaló que Sánchez debe cesar al fiscal general si de verdad quiere la "regeneración democrática" de la que viene hablando tras los cinco días de reflexión que se tomó para ver si continuaba al frente del Gobierno. A su vez, la también representante de los populares María Asunción Mayo, en su defensa del texto de la moción, destacó las sentencias del Tribunal Supremo contra García Ortiz y su ascenso a fiscal de Sala de Dolores Delgado.

Mayo también resaltó que las principales asociaciones de fiscales han reprochado al fiscal general su "falta de transparencia, de prestigio y de autoritas", así como "su servilismo descarado al Gobierno". Por su parte, Paloma Gómez, de Vox, sostuvo que el Gabinete de Sánchez pretende "someter" a todas las instituciones para que no hagan las "funciones de control" propias de una democracia.

Este planteamiento fue rechazado por el PSOE, cuyo senador José María Oleaga señaló que el PP está obsesionado contra García Ortiz porque fue el fiscal que investigó el hundimiento del petrolero Prestige en 2002, catástrofe que tuvieron que gestionar los populares tanto desde la Xunta de Galicia como desde el Gobierno de José María Aznar. Oleaga añadió que el partido de Alberto Núñez Feijóo también cuestiona a la fiscal Dolores Delgado y al ahora ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, porque ambos participaron en el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio.

"Problema estructural"

Por su parte, en nombre del PNV, Igotz López Torres defendió que con el cargo de fiscal general existe un "problema estructural", que tiene que ver con que su nombramiento depende del Ejecutivo y que cesa cuando hay relevo en La Moncloa tras unas elecciones. Asimismo, Josep Lluis Cleríes, de Junts, anunció la abstención de su partido porque en España no existe una "democracia plena", al tiempo que criticó el "victimismo" de Sánchez respecto al llamado lawfare, ya que en el pasado no hizo nada cuando las actuaciones judiciales se dirigían contra los independentistas catalanes.

Igualmente, Carla Delgado, en nombre de Más Madrid, afirmó que el PP viene actuando con las instituciones del Estado como una "banda de acosadores y matones". También reclamó que se aclaren lo que denominó "asesinatos" en las residencias de mayores de Madrid, afirmación que el PP pidió sin éxito que retirara.

"Ni un minuto más"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que no puede continuar "ni un minuto más" al frente de este órgano si se quiere generar confianza en las instituciones.

Gamarra ha reaccionado así en rueda de prensa después de que el Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya aceptado investigar a dos fiscales por la filtración de datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

"En seis meses (García Ortiz) acumula y colecciona sentencias y resoluciones judiciales que, sin lugar a dudas, lo que están señalando es el camino de salida de la Fiscalía General del Estado", ha señalado, antes de ironizar con que los últimos reveses judiciales no son más que un "suma y sigue".