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Nos encaminan a una justicia para ricos

PEPA BUENO   17-12-2012 - 08:15 CET

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A partir de este lunes comienzan a aplicarse las nuevas tasas judiciales en España. Una reforma que ha llevado al punto de ebullición la crisis de la justicia en nuestro país, una crisis que hay que abordar con el rigor y la justicia que se merece.

Por primera vez en la historia todos los colectivos de este estamento -jueces, abogados, procuradores, secretarios juidiciales, funcionarios...- han salido a la calle para protestar contra las reformas de Alberto Ruiz Gallardón. Son miles de personas con intereses diferentes, con ideologías diferentes e incluso con sus propios pleitos pendientes entre ellos. Y sin embargo, han comenzado a construir un mínimo común denominador que poco a poco se va haciendo más amplio.

Lo primero que les une es la necesidad imperiosa de salvar la calidad de un derecho básico. Una justicia sin calidad no es justicia. Y una justicia desbordada de trabajo a la que se le suprime la figura del juez interino y a cambio se le doblan los turnos difícilmente podrá cumplir con su función y dar satisfacción a los ciudadanos. Son muchos los jueces anónimos que se llevan a casa una tarea que no admite demora porque, tiempo que corre es tiempo que el ciudadano permanece indefenso.

Y a esto se añade el incremento de las tasas. Una posibilidad que incluso muchos jueces veían con buenos ojos en un principio. Pero las cifras de esas tasas han escandalizado a todos, y han llegado a una misma conclusión: nos encaminan a una justicia para ricos, con alguna concesión a las clases menos pudientes, pero vetada para la gran mayoría de clase media, que será de nuevo la pagana de otra reforma. Y a la que no se ofrece otra alternativa, porque no se desarrolla una oferta de soluciones extrajudiciales como podrían ser la mediación o la conciliación.

Y podríamos seguir añadiendo a ese mínimo común denominador otros agravantes, como la posibilidad de que el registro civil deje de estar en manos de un juez y lo lleven ahora notarios o registradores de la propiedad. Otro servicio público hasta ahora gratuito por el que habrá que comenzar a pagar sin alternativa posible.

Es verdad que pueden parecer desproporcionadas algunas peticiones de los jueces, como esa exigencia de que Gallardón se quite del medio y tome las riendas de la negociación el propio Rajoy. Y habría que analizar con lupa la posibilidad de que los jueces, un poder del estado como el Gobierno o el Parlamento, esgriman, aunque sea como amenaza velada, la idea de una huelga.

Pero menos entendible es que el Gobierno insista en crear problemas donde no los hay; que reduzca las protestas a una pataleta laboral y a una defensa de los privilegios de quienes cuestionan la reforma. O que de nuevo le den la vuelta como a un calcetín a otro derecho básico, como antes con la educación, la sanidad, o la dependencia. No nos cansaremos de decir que si los tiempos obligan a hacer recortes, también exigen sentido común, una gestión política sensible y abierta a todas las opiniones y visión de futuro para priorizar por dónde se mete la tijera.

Pepa Bueno, durante la presentación de la nueva temporada de Cadena SER, en la que dirigirá - junto a Gemma Nierga - 'Hoy por Hoy'

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