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A cada actuación de Wert, un paso para atrás

PEPA BUENO   05-12-2012 - 08:25 CET

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Si la política debe conducirse siempre desde el sentido común, hay materias y debates que exigen además una sensibilidad especial.

Seguro que recuerdan la salida de tono del ministro Wert cuando dijo aquello de que "nuestro interés es españolizar a los niños catalanes".

Pues dicho y hecho. El ministro reformaba esta semana, sin debate previo y sin aviso, su proyecto de ley educativa para blindar el castellano en la escuela catalana.

Wert ha logrado unir en su contra a todos los partidos catalanes, menos el PP, sólo días después de unas elecciones desgarradoras. Digamos que el ministro ha cohesionado a fuerzas dispares. Ha lanzado una nueva reforma interpretada como un agravio contra una comunidad desconcertada y con la sensibilidad a flor de piel. Y encima el ministro pretende imponer un imposible: que una comunidad en quiebra saque dinero de donde sea para pagar colegios privados a quien quiera que sus hijos estudien principalmente en español.

Anoche, después de una reunión tumultuosa con las comunidades autónomas, con plante incluido de la consejera catalana, el ministro intentaba mostrarse conciliador al asegurar que "no es cierto que se minusvalore el sistema de inmersión lingüística de Cataluña".

Pero el daño ya estaba hecho. Y la Generalitat anuncia que convoca una especie de Cumbre del catalán y que irá al Constitucional para elevar la disputa al terreno judicial. Tirada la piedra al lago... las sobreactuaciones se extienden por ambos lados con ondas imparables. La consejera catalana de Educación, en funciones, Irene Rigau, llegó a equiparar la reformas, que pueden gustar más o menos, pero lo son de un gobierno salido de las urnas, con una época en la que la dictadura directamente prohibió el catalán: "Es un ataque en profundidad de 30 años de política lingüística de una nación como Cataluña", dijo.

Y aquí estamos, enredados de nuevo en un problema arrastrado en el tiempo, con una sentencia del Supremo que recordaba hace unos meses que el castellano también es lengua vehicular en Cataluña, pero resuelto, como cada vez que gobierna la derecha, con propuestas de brocha gorda, ofensivas y sin abordar el asunto con la seriedad y sensibilidad que requiere. Y que desde luego parece fuera de la realidad.

Joaquim Prats, catedrático de didáctica de la Historia de la Universidad de Barcelona y presidente de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Catalán aseguró que "el castellano no sufre ningún problema en Cataluña dentro del sistema escolar y los alumnos acaban sus estudios con un conocimiento digamos homologable al resto de las comunidades, del castellano y también el catalán".

Y mientras, los demás asistimos como testigos incómodos a una batalla que nadie necesitaba. Otra vez la política creando problemas en lugar de resolverlos. Y tapando con esta enorme polvareda otras regresiones de la reforma que nos afectan a todos. Por ejemplo, se deshace ya definitivamente una asignatura, la de Educación por la Ciudadanía, que validó sin problema alguno el propio Tribunal Constitucional, al que el Gobierno invoca para defender el castellano.

Y el ministerio vuelve a reforzar, sin que nadie nos consulte, el peso académico de la asignatura de religión católica. Ahora los padres se verán de nuevo forzados a elegir entre religión o ética, un dilema excluyente que impide formar españoles con un mínimo común de valores cívicos en el mundo democrático del siglo XXI. Parece mentira que semejante propuesta venga de quienes se arrogan casi la propiedad del concepto unidad. A cada actuación del ministro de Educación, un paso para atrás.

Pepa Bueno, durante la presentación de la nueva temporada de Cadena SER, en la que dirigirá - junto a Gemma Nierga - 'Hoy por Hoy'

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