La jueza Alaya impone 807 millones de euros al exconsejero de empleo Antonio Fernández, para que responda con ello al daño que supuestamente ha causado al erario público. Esa cantidad lo puede aportar en dinero, acciones o en bienes, dice el auto
Fernández lleva en la cárcel un mes imputado de seis supuestos delitos, los continuados de prevaricación, malversación de fondos, fraude de subvenciones, negociación prohibida a funcionarios, cohecho y falsedad en documento mercantil.
El fiscal había pedido que se le impusiera una cantidad un poco más elevada, casi novecientos millones de euros. El cálculo responde al dinero del que dispuso la partida 31L durante una década , más un tercio. Con esa partida se pagaron los ERE, las ayudas a las empresas en crisis y las ayudas sociolaborales individuales.
El exconsejero ha recurrido ese auto de prisión a la Audiencia de Sevilla.
La jueza también hoy ha comunicado que embarga 5 cuentas al ex director general de trabajo, Javier Guerrero,en prisión, y 4 a su suegra, que también está imputada porque es una de las intrusas.
La fianza impuesta a Fernández se une a la de 686 millones de euros fijada para Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo encarcelado desde el 9 de marzo.
