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El caso del simio sabio: Proyecto gran simio

CARLOS LÓPEZ -TAPIA   01-11-2012 - 15:38 CET

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En España se intenta establecer desde hace tiempo cierta condición de persona jurídica para los grandes simios gracias al proyecto Gran simio. En su sitio se exponen trabajos relacionados con las capacidades cognitivas de los grandes simios, su camino evolutivo paralelo al nuestro, el acercamiento de nuestra especie con los grandes simios y las relaciones vinculares con los miembros de la familia de los homínidos a la que pertenecemos los Grandes Simios incluido el hombre.

El PGS en España lo preside la filósofa Paula Casal y lo dirige Pedro Pozas, un medioambientalista comprometido y atento al sitio donde se incluyen y organizan medio millar de colaboradores a distinto nivel, empezando por la financiación de los proyectos -que no reciben ayudas administrativas,- y llegando a participar directamente en programas variados.

Su esfuerzo se concreta en proyectos de todo tipo, incluyendo programas sobre el terreno vital de los simios, pero legalmente dio un gran paso en mayo de 2006, cuando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Confederación de Los Verdes, prepararon una Proposición No de Ley en el Parlamento Español para que se reconozca a los grandes simios el derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturados. La propuesta se discutiría en el parlamento a finales de mayo. Tras Nueva Zelanda, España hubiera sido el segundo país en conceder derechos especiales a los simios.

En la defensa en el Congreso de la propuesta, el portavoz de ICV Joan Herrera explicó que el objetivo era evitar la desaparición de los grandes simios, "devolverles la dignidad", prohibir su tortura, muerte y esclavitud, y garantizar "una vida digna" para la especie. "Son seres con capacidad para conocerse a sí mismos, con capacidad cognitivas amplias y complejas", señaló.

Finalmente, se votó una enmienda transaccional entre la propuesta no de ley de ICV y una enmienda del grupo parlamentario socialista. El texto definitivo instaba al Gobierno a sumarse en un plazo de cuatro meses al proyecto Gran Simio. En un plazo de un año a partir de la adhesión al programa, se tendrá que adecuar la legislación española para prohibir la experimentación e investigación que dañe a los simios y no redunde en su beneficio, o su tenencia con fines comerciales o para espectáculos.

El diputado socialista Emilio Amuedo destacó la necesidad de "preservar una especie en peligro de extinción" y promover actuaciones para protegerla y pidió el apoyo de todos los grupos. "Se trata de conservar a

una especie y hacer todo lo posible por conservarla, y para nada se habla de asemejar derechos de grandes simios con humanos", añadió. a pesar de la claridad en los argumentos que no equiparan a simios y humanos en derechos, la diputada popular Raquel Arias dijo que "no es serio ni pertinente equiparar en derechos a humanos y animales". "Nos llevaría a un camino de consecuencias nada claras", prosiguió.

No obstante, hizo hincapié en que "el PP es el primero en reconocer que los grandes simios han sido y son maltratados", y entiende que "preservar a estas especies es preservar sus ecosistemas". Por ello, pidió eliminar puntos del texto que permitirían "una forzada identidad con los hombres", y mantener aquellos que animan a "aunar esfuerzos para proteger a los simios". Sin embargo la propuesta superó su fecha de caducidad al no ser incluida en ningún orden del día de la Comisión de Medio Ambiente en dos años. El 14 de enero de 2009, el diputado Joan Herrera formuló esta cuestión al gobierno y afirmó a la prensa: "sospechamos que, en ese momento, el Gobierno no fue lo suficientemente valiente para enfrentarse a las críticas que la iniciativa recibió, y no queremos que la situación se repita"

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