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El control "político" de Bankia y Caja Madrid

Empresarios y sindicalistas madrileños, políticos de todo signo con representación en la Asamblea de Madrid e incluso banqueros conversan entre sí porque la "solución final" de Bankia les ha dejado descolocados

JAVIER TORRES   08-05-2012 - 17:16 CET

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Los agentes políticos, sociales y económicos de la comunidad tratan de conocer las diferentes posturas de todos los "afectados" e intentan también establecer los "hechos" que han llevado a la salida de Rato y la situación real de Bankia.

Socialistas e IU se muestran partidarios de nacionalizar las cajas porque dicen que el Estado inyectará fondos públicos. Además parecen compartir ideas sobre la manera de ejercer el "control político" de esa banca que quieren pública. Y en este sentido, tienen una idea muy similar a la de los sindicatos mayoritarios.

Sostienen que los impositores de Caja Madrid y sus trabajadores tienen unos representantes elegidos, que deben mantenerse. La idea de que unos "expertos" o "técnicos" sean los que acaben controlando una entidad financiera no es aceptable para ellos.

Otra cosa, añaden, es la responsabilidad que se les pide al formar parte de los órganos de gobierno que, en el caso de Caja Madrid y de Bankia, se parece al resultado más a un reparto "por cuotas" que a una verdadera distribución de responsabilidades en los órganos de control. Porque ese ha sido uno de los problemas de Caja Madrid, la CAM y Bancaja (tres de las cajas más significativas que forman Bankia): las entidades financieras han estado sometidas a decisiones políticas de sus respectivos gobiernos regionales sin demasiados criterios estrictamente bancarios.

Se añade a este revoltijo un asunto crematístico: los representantes en los consejos de administración cobran por asistir a las reuniones en las que, se convierten en verdaderos "convidados de piedra".

Por su parte, en el Gobierno regional se evita este asunto. Su idea es que no puede intervenir en decisiones estratégicas y que, en todo caso, tutela las insituciones que quedan bajo su paraguas legal. "Poco podemos hacer", insisten fuentes del ejecutivo madrileño.

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